El Consejo Directivo del Fondo de Tierras se ha reestructurado y se ha cambiado a los representantes de los campesinos y de los indígenas. Este hecho es producto del Acuerdo Agrario, en el tema número dos, que literalmente dice “Acceso a la tierra, fortalecimiento y restructuración del FONDO DE TIERRAS y de otros posibles instrumentos para tales propósitos”.
Al desarrollar el contenido de este tema, el Acuerdo Agrario establece los siguientes compromisos:
“Se impulsará el acceso a la tierra en diferentes modalidades, para lo cual se deberá reestructurar y fortalecer el FONDO DE TIERRAS, recuperando su espíritu original planteado en los Acuerdos de Paz y la legitimidad de las representaciones que participan en su Consejo Directivo, para lo cual se promoverán los cambios de los representantes campesinos e indígenas.
Se buscará ampliar las fuentes de disposición de tierras, tales como los bienes producto de procesos de extinción de dominio, tierras administradas por las instituciones del Estado con vocación agropecuaria que sea legalmente posible, debiendo para el efecto buscarse las formas legales que lo posibiliten.”.
O sea que, con el cambio de los representantes indígenas y campesinos, que espuriamente se habían mantenido en esos cargos por más de dos décadas, se crean las condiciones para fortalecer FONTIERRAS. Este es, por lo tanto, sólo el primer paso. Toca ahora lo fundamental: que el Consejo Directivo de FONTIERRAS defina el camino y las acciones para fortalecerlo y recuperar su espíritu original.
A mi juicio, el Acuerdo Agrario ha sido el único acto político del actual gobierno dirigido a abordar los problemas estructurales e históricos del país. Los signatarios, el Presidente Arévalo y los dirigentes campesinos, han mostrado la posibilidad que ofrece la democracia para abordar mediante el diálogo tales problemáticas.
Sin duda, los sectores retardatarios se oponen a este Acuerdo. Y los conservadores lo ven con desconfianza. No se dan cuenta que el injusto sistema económico predominante que se caracteriza por producir pobreza y exclusión debe ser transformado, lo cual no implica, necesariamente, un cambio sistémico. Es más, recuperar el espíritu original que lo inspiró es asumir la prioridad de la vía del mercado para transformar la estructura agraria.
En tal sentido, debemos tener presente que, en la Ley del Fondo de Tierras, el primer objetivo de dicha entidad es “Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra, en coordinación con la política de desarrollo rural del Estado”.
Fortalecer FONTIERRAS es un paso fundamental. La política agraria, que implica acceso a la tierra, es sólo una de las políticas sectoriales que componen la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, PNDRI, que es multi e intersectorial (agricultura, educación, salud, caminos rurales, seguridad alimentaria, programas sociales, etc.).
Los dirigentes indígenas y campesinos que ahora llegan al Consejo Directivo de FONTIERRAS, no son líderes improvisados. Tienen experiencia en la lucha por la tierra y, por eso mismo, tendrán la sabiduría necesaria para entender que la reforma de la injusta y excluyente estructura agraria que aún prevalece en nuestro país, tendrá que impulsarse con firmeza y mesura.
