La misión de los organismos de Estado llámese los tres poderes más CC y MP, es de corazón egocéntrico, incapaz de hacer y volver una realidad, la voluntad y soberanía de Guatemala y en estos momentos, imposibilitados para allanar el camino de un gobierno para el diálogo y negociación, encaminada a la democracia y bienestar de la nación y la ciudadanía.
No tenemos gobierno, tenemos organismos que luchan por poder y bienes de forma independiente. En estos momentos, cada organismo de Estado actúa como un factor de atracción con lo que dice y hace, en busca de su propio provecho y mayor beneficio, muchos de ellos echando por tierra justicia, equidad y probidad y dejando su actuar alejado al beneficio de la población. Cada organismo libra una batalla para capturar aceptación de la población a su favor, en lo cual invierten dinero y recursos con tal de desprestigiar a todo oponente de su lucha y poder meter en su botín el premio mayor: el Ejecutivo. No cabe duda que políticos y funcionarios en ello, cuentan con el apoyo de poderosos capitales privados, que se ven involucrados en toda una serie de chantajes y contubernios destinados a apoderarse de fondos públicos y obtener prebendas para sus negocios que eliminen de manera ilícita a sus oponentes y es indudable que el Ejecutivo actual en soledad, no podrá lidiar con tremenda organización del mal y él a su vez, está invadido por la corrupción y compra de voluntades.
De tal manera que en el Horizonte nacional, solo un esfuerzo concertado Ejecutivo-pueblo, centrado en hacer cumplir mandatos constitucionales, puede detener el flagelo de la corrupción e impedir las violaciones a la ley y honestidad.
Pero el pueblo ya no debe hacerse de la vista gorda y debe llegar ya a un acuerdo Ejecutivo-gobierno, exigiendo un diálogo y un espacio vital digno, justo y equitativo entre organismos; un espacio vital que muestre con claridad situaciones y condiciones y establezca cumplimientos. En esto, la participación internacional se vuelve necesidad de primera. Solo deteniendo ese flujo de ambiciones desmedidas que hace de la ilegalidad su arma, se podrá encausar al país por la senda de la legalidad y justicia y eliminar la fuerza o al menos neutralizarla de esos poderes criminales y sus subyugaciones.
Bien vale entender que nuestros organismos viven un momento de guerra interna entre ellos y en medio de ese caos, se han violado sistemáticamente las convenciones del actuar normado y honesto dentro de las instituciones y los organismos. En esa confrontación, los civiles y los trabajadores honrados se han convertido en objetivos estratégicos del mal y se ha obligado a funcionarios a delinquir muchas veces. Estas confrontaciones entre organismos, impulsadas por la ambición política y la codicia, han aprovechado de las diferencias políticas y sociales de todo tipo, y suelen estar sostenidas por intereses económicos externos al trabajo normativo institucional y se alimentan de un mercado nacional hiperactivo y en gran medida ilícito y lleno de privilegios.
Debemos partir de precisiones claras: vivimos en estos momentos tres planos de realidad: la realidad actual, llena de confrontaciones, inequidades e incumplimientos de los derechos humanos para una mayoría y muy lejana a una realidad deseada, fundamentada en volver de justicia el cumplimiento para la mayoría de esos derechos y finalmente debemos actualizar una realidad que se sustente en acceso universal a esos derechos. Ese simple acto de construcción compleja necesita de una real participación pueblo-gobierno, mezclando relaciones diferentes con la realidad que corresponde bien al bienestar de la nación y la ciudadanía.
