En esta época de grandes cambios planetarios y, necesariamente, de tipo civilizatorio, no es conveniente permanecer en el letargo y permitir que sean otros los que piensen nuestro país. Aunque muchos opinen que “un esfuerzo propio en ese sentido no vale la pena porque siempre”, ¡así de periféricos como somos!, “vendrán los imperios a imponer sus propias visiones”, no debemos olvidar que, quizá apenas por dignidad, deberíamos hacer el esfuerzo por pensarnos a nosotros mismos e imaginarnos como lo que quisiéramos y podríamos ser.
No está demás creer, por muy ingenuo que sea, que existe una diferencia entre el que sucumbe sin tener consciencia y aquel que se llena de ella (de ideas y de fórmulas) antes de perecer. Los que optan por lo segundo, al menos, dejan flotando alternativas en el espacio.
En el caso concreto de nuestro país, es indudable que se debería contar con reservas respetables, núcleos articulados de pensadores serios, nutridos de conocimiento profundo sobre nuestra nación y las diferentes áreas técnicas involucradas, con el valor de pensar su futuro de manera creativa y desprendida de cualquier egoísmo personal.
Si se reconoce que la universidad nacional (entendida como el complejo de la institucionalidad encargada de la educación superior y de cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales -arts. 82 y 84 de la Constitución-), al mantenerse atrapada en la compartimentación estancada del conocimiento, han dejado de ser el nicho en el cual se podría dar un ejercicio transdisciplinario como el requerido, es necesario sugerir alternativas.
En Guatemala, no deberíamos desperdiciar esta oportunidad única de revisar nuestra institucionalidad (el diseño del denominado Estado-Gobierno) para consolidar pensamiento original bien fundado en muchos aspectos importantes. Y, reconociendo que no existe una institucionalidad formal (“la universidad”, como institución) apropiada para hacerlo, es necesario recurrir a la ciudadanía competente e interesada.
Probablemente la organización de ese contingente nacional de personas de diferente proveniencia y área de experiencia es tan necesario como, por ejemplo, lo fue la organización de la resistencia en la Francia de la Segunda Guerra Mundial o la de los grupos de patriotas en los Estados Unidos, que fraguaron la independencia y pudieron redactar una constitución, previamente meditada, al momento en que se necesitó.
No es posible seguir admitiendo que, en los momentos de coyuntura y ante eventuales necesidades, se continúe con la tradicional costumbre de: a) permitir que las propuestas de solución a problemas concretos (por ejemplo …) se siga delegando a “terceros”, contratados ex profeso para fabricarlas (algo que, en rigor, no está mal, aunque sí lo es el que tengan que proceder de cero, porque no pueden recurrir a la consideración de propuestas o ideas propias del país que estén allí, latentes en el espíritu de una entidad ad hoc, simplemente porque no existen); y b) que al son de las coyunturas se organicen los grupos de interés existentes (¡bienvenidos, pero no como los únicos existentes!) y utilicen su capacidad instalada para construir ellos, solo ellos, propuestas que, no podría ser de otra forma, serán oportunistas y sesgadas exclusivamente a satisfacer sus intereses.
El país reclama la existencia de grupos de guatemaltecos experimentados para abordar a fondo las diferentes problemáticas nacionales de índole toral o principal, y proponer soluciones apropiadas; soluciones o posiciones pensadas con detenimiento y no a la luz de coyunturas particulares (por ejemplo, cuando el caso de aconsejar la manera casuística de arrendar una propiedad estatal para un fin particular) o hasta de plazos perentorios para plantearlas (como el caso de las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, según el orden dictado por la Comisión para el Mejoramiento de esa ley, la CAME, constituida por el Tribunal Supremo Electoral). Grupos consistentes, integrados por personas calificadas y de reconocido prestigio que mantengan opiniones y posiciones fundamentadas -y, por lo mismo, reconocidas como confiables y valiosas a nivel de la ciudadanía en general-. Grupos que hayan asumido como propia la reflexión sobre temas de importancia nacional, como por ejemplo el de los grandes objetivos y los principios básicos (fundamentados) para la definición de las principales políticas orientadas al desarrollo nacional, así como el de leyes básicas (cuando, por ejemplo, se refieran a la modernización del régimen institucional).
Sin entrar en mayor profundidad, cito a continuación algunos ejemplos orientados a hacer ver cómo esos grupos a los que me refiero hacen realmente falta:
De todos es sabido que el país necesita de una Ley General para el Manejo Integrado de los Recursos Hídricos. Pregunta: ¿Existe algún grupo interdisciplinario de personas pensando sobre las características que debería tener una norma de este tipo en consideración de las particulares necesidades económicas y las características sociales, culturales y geomorfológicas del país? ¿O debemos esperar hasta cuándo se dé la “oportunidad” de presentar algo concediendo que sean los encargados de elaborar el proyecto quienes lo hagan, a partir de sus propias y nuevas investigaciones y al margen de la existencia de algún grupo nacional pensante en la temática, acreditado por su larga permanencia, su solidez técnica; su legitimidad social y cultural y su sustento transdisciplinario?
De todos es sabido que la actual institucionalidad en materia electoral y de partidos políticos (LEPP y normativa adyacente, como la relacionada con las comisiones de postulación) es una de las grandes debilidades de nuestro ordenamiento. Pregunta: ¿Estamos dispuestos a que se vuelva a repetir la farsa consistente en aparentar que se le concede a la ciudadanía la potestad de incidir de manera real y efectiva en una reforma y esperar la citación de la nueva CAME (año 2029) o deseamos llegar a constituir un gremio prestigioso de conocedores de la materia y del país -desde las múltiples perspectivas del conocimiento que es necesario considerar- en el cual podamos confiar que construyen ideas y propuestas críticas, creativas y apropiadas a nuestra nación y las saben presentar y defender en los momentos en los cuales la discusión nacional sobre el tema es necesaria?
De todos es sabido que el desarrollo urbano desorganizado es un problema que atañe a toda la ciudadanía. Pregunto: ¿Existe algún grupo de expertos -por ejemplo, arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, economistas experimentados, etc. reunidos como un grupo interdisciplinario permanente que, trabajando ad honorem, esté concibiendo la manera de ordenar esta casa de todos (o de tantos)? ¿O debemos atenernos a que sea un nuevo gobierno municipal -supeditado a la capacidad o incapacidad técnica del equipo que circunstancialmente tenga el partido o comité cívico que lo lleve, al tipo de “amigos” o grupos de interés que lo apoyen que desconocemos el único que, a partir de sus “propias” investigaciones y conocimientos disponga el ordenamiento territorial de la ciudad?
Y debemos reconocer que hay muchísimo más…
