En esta columna daré mi perspectiva de lo que está ocurriendo en la situación política actual tratando de dar contextos importantes de lo que ha pasado en los últimos años. Planteo que el problema de la inestabilidad política actual y la confrontación entre los partidos de oposición, Cortes y el Ministerio Público (MP) contra el Organismo Ejecutivo no es un problema interorgánico usual en un sistema constitucional y republicano entre fuerzas políticas cuyos planes se contraponen, sino un problema de control de los fondos públicos y de la impunidad futura de actos pasados.
En la época de la embestida MP-CICIG con la anterior FECI fue patente para la población lo que ya se conocía en rumores y conversaciones en voz baja. En definitiva la población pudo apreciar:
a) Que la obra pública en la cartera del Ministerio de Comunicaciones (MICIVI) era una fuente de recursos cuantiosos y la forma de hacerse millonarios para ministros y para contratistas en un ciclo infinito de obra pública de mala calidad y contratos sobrevalorados. Ese ciclo lo estamos sufriendo aún y por eso el resquebrajamiento de toda la obra pública en un invierno que no ha sido tan copioso. La obra pública se planificaba mal, se licitaba mal y se construía mal para que en cierto corto período de tiempo se volviera a licitar y a empezar de nuevo. Hacer las cosas bien “no era rentable”. Además, en todo el ciclo se pagaban coimas. Las obras ejecutadas por los Consejos de Desarrollo solo alimentaban las bolsas de los diputados distritales “constructores”.
b) El negocio de las medicinas era un negocio multimillonario de pocos, pero que alimentaba el financiamiento electoral opaco.
c) Las plazas fantasma existían en todo el Estado y eran “suministradas” a diputados opositores para generar “gobernabilidad” al gobierno de turno. Así se “apagaba” la oposición política.
d) Las Altas Cortes eran nombradas por acuerdos políticos y en salones o cuartos de hotel entre operadores políticos, firmas de abogados “gestoras” de intereses opacos y políticos que sabiendo de las fechorías que hacían trataban de procurarse futura impunidad, al igual que poder sobre decisiones transcendentales de las cuales podían sacar provecho político o financiero.
La lista pudiere ser más larga. El punto es que ante los ojos de la población pensante lo que se desnudó es que nuestro sistema político se “construía” sobre la corrupción estatal. La política era un medio únicamente para acceder a ella y generar “movilidad social”, no una aspiración cívica para generar el bien común. El asunto es que por malas decisiones estratégicas del MP-CICIG, el actuar de sectores con poder afectados y por la llegada a la Casa Blanca de un actor igualmente corrupto y transaccional que fue influido por estos, el experimento con la CICIG finalizó. El fin de CICIG dio lugar a una regresión con más vitalidad de esos sectores que medraban de la corrupción con el añadido que en los afectados hubo una consigna de “nunca más” y se empeñaron con más fuerza en cooptar las Cortes y todo el aparato estatal. Lograron copar la Corte de Constitucionalidad, logran que se extendiera en demasía el plazo de la Corte Suprema de Justicia hasta 2023 contraviniendo resoluciones de la CC, purgaron las fuerzas anticorrupción del MP, atacaron la prensa que era el último bastión de cuentadancia y, en fin, con los recursos de la pandemia y la repartición de fondos estatales a diestra y siniestra el gobierno de Alejandro Giammattei logró comprarse gobernabilidad para sí mismo, mientras la corrupción recomponía sus fuerzas y agrandaba su dominio más que nunca. Se impuso un Estado mafioso. Guatemala se convirtió en el término con el que oficiales de gobierno de EE. UU. calificaron a Afganistán, una VICE – vertically integrated corrupt enterprise – o en español, una empresa de corrupción verticalmente integrada.
El 2023 según los paladines de la corrupción iba ser el año en que entronizarían el “sistema” y lo “estabilizarían” a las opciones preferidas. Eliminaron la competencia a través de las Cortes y dejaron las opciones más aceptables al sistema. Sin embargo, “se les fue la mano” y pararon perdiendo el poder a una opción que, por “invisible” y aparentemente “inocua”, la dejaron subsistir, pero que a última hora la población vio como la única esperanza y cuyo mensaje era precisamente combatir la corrupción. Al final las fuerzas corruptas trataron de anular los resultados de las elecciones y hasta en la toma de posesión hubo un forcejeo para hacer un “golpe de estado blando”. Perdieron.
¿Por qué Semilla y Bernardo Arévalo es su némesis? Toda su campaña se sustentó en decir que iban atacar la corrupción y que iban a cortar de tajo el financiamiento de la misma en dos vertientes, en la obra pública, buscando cortar la corrupción en MICIVI y cortar los canales de financiamiento de las constructoras de diputados y actores corruptos en los Consejos de Desarrollo. De la misma forma, indicaron que iban a modificar el sistema de compra de medicinas. Además, eran asociados con los actores que fueron parte de la batida MP-CICIG de los años 2015-2019. Era clarísimo que eran una amenaza.
Pero más allá de la campaña hay que entender qué está haciendo el Organismo Ejecutivo para afectar a poderosos intereses asociados a la corrupción. En primer lugar, en el Ministerio de Salud está tratando de transparentar y reducir el costo de los medicamentos por medio de la contratación de la agencia UNOPS tal y como se hizo en el IGSS un tiempo y que se tradujo en ahorros de más de un millardo de quetzales durante su vigencia del 2016 hasta que en época de Giammattei no se prorrogó (2023). A esa acción se ha opuesto la oposición política ferozmente previsiblemente porque traerá transparencia y reducción de costos para el Estado, pero mermarán las ganancias de redes conectadas políticamente. Ahora, en segundo lugar, miremos el tema de la infraestructura. El gobierno está tratando de priorizar técnicamente los proyectos de los Consejos de Desarrollo para que no sea una fuente de financiamiento a diputados distritales para generarse gobernabilidad, y en el MICIVI está dándole escrutinio a contratos cuestionables de la administración anterior y está tratando de priorizar el pago y liquidar los contratos que sí efectivamente están sustentados en obras reales y está demorando el pago de aquellas obras que tienen indicios de corrupción. Esta priorización política, en mi parecer no es cuestionable legalmente por prudencia política y por manejo de caja, pero claramente este escrutinio ha generado intentos de criminalización por parte de sectores afines a la corrupción. Por último, la confrontación con la Fiscal Consuelo Porras claramente hace al Presidente Arévalo un enemigo de la cleptocracia que ven en ella un “seguro de vida” ya que, en criterio de estos, mientras ella esté en el cargo, los casos de alta corrupción no serán perseguidos. Su libertad está en juego.
¿Qué se puede concluir? La oposición política está “hambrienta”. Tiene “sed”. Las “válvulas” del dinero de la corrupción no están arrojando o dejando fluir las cantidades acostumbradas. El “sistema” se está muriendo por inanición. Adicionalmente, aprecian que el entorno de la elección de Cortes no les es enteramente favorable como en otras ocasiones. Temen por su resultado. El control de las Cortes es su seguro de impunidad de actos pasados. Por último, contrario a la tranquilidad que ostentaban hace unos meses, tienen temor que las elecciones en EE. UU. no les sean favorables ya que Donald Trump, al que consideran su “salvador”, está perdiendo su condición de favorito para ganar las elecciones. Consecuentemente, el “sistema” se está defendiendo y usando la criminalización para tratar de sacar el camino a la administración del Organismo Ejecutivo actual lo más pronto posible. El bloqueo de la administración y la criminalización puede ser explicada por las razones anteriores. En beneficio del país es importante tener clara la película porque está en juego el país y su estabilidad económica.
