La misión de observación de la Organización de Estados Americanos que visitó Guatemala por el tema de la conformación del sistema de justicia mediante la postulación de aspirantes a Magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado su preocupación por la lentitud de un proceso en el que ni siquiera se ha logrado avanzar en un tema tan sencillo como puede ser cuál será la sede de las reuniones. Pareciera un asunto baladí pero no lo es porque se ha convertido en la clave para entrampar todo el trámite, algo que conviene (y mucho) a quienes esta vez no lograron controlar absolutamente a los integrantes de ese mecanismo peculiar para designar a los aspirantes finales.
Hay que recordar que las postuladoras tienen su origen en la conformación del primer Tribunal Supremo Electoral, cuando el Consejo de Estado de Ríos Montt decidió entregar al sector académico del país la tarea de evaluar y seleccionar a los aspirantes dentro de los que podría escoger el Congreso. La intención era arrebatar a la clase política, ya desde entonces muy desprestigiada, esa facultad para que fueran los profesionales y las universidades quienes realizaran la evaluación de aquellos que presentaban su papelería.
Célebre fue la premonición de un miembro del Consejo de Estado que advirtió que ello, lejos de solucionar los problemas, haría que se corrompiera la academia por la serie de intereses que entrarían en juego. Y eso que para entonces la postulación únicamente funcionaba para magistrados del TSE, no digamos cuando se amplió el mecanismo para usarlo también en la conformación de las Cortes. Universidades de garaje y fraude en la USAC, como se ha dicho, se sumaron a los ríos de dinero para financiar las campañas en los colegios profesionales.
En esta ocasión, luego del mandato popular en las urnas, hubo un intento de rescate del proceso que impidió el absoluto control que tuvieron en las últimas oportunidades quienes han secuestrado el sistema de justicia. Pero al no tener el control absoluto, se han dedicado a entrampar el proceso con el tema de la sede para sus reuniones y gracias a ello no hay el menor avance en cuanto a las tales postulaciones que son el tema central y vital del rescate del sistema de justicia.
Sesiones van y vienen y en el aire se detienen porque los mafiosos saben que entrampar el proceso significa prorrogar el período de quienes fueron electos bajo la supervisión y dirección de Miguel Martínez en la legislatura pasada. Y por ello explicamos claramente que el tema de la sede es simplemente el pretexto para detener las postulaciones, cosa que ha entendido la misión de la OEA que expresó ya su preocupación.
