A solicitud del Presidente Bernardo Arévalo, una delegación del más alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco (en el terreno) a Guatemala, que tuvo lugar del 22 al 26 de julio de 2024, con el objeto de observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país, a partir de la última visita realizada en 2017.
La delegación estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, junto al primer vicepresidente, Carlos Bernal; el segundo vicepresidente, José Luis Caballero; el Comisionado Arif Bulkan; y las Comisionadas Andrea Pochak, Relatora para Guatemala, y Gloria De Mees. Además, hicieron parte de la delegación los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palummo.
En este artículo, reseño las observaciones preliminares de la CIDH sobre los hallazgos encontrados.
La CIDH informó que visitó Ciudad Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. Asimismo, mantuvo al menos 30 reuniones con representantes de los diferentes poderes del Estado, y sostuvo más de 48 encuentros con activistas, personas defensoras de derechos humanos y
operadoras de justicia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como con representantes de la academia, sindicatos, gremios empresariales y agencias de las Naciones Unidas.
La delegación informó que todos los temas sobre inequidad estructural, discriminación y restricción en derechos y libertades fundamentales serán analizados en las observaciones preliminares escritas que la CIDH publicará próximamente. En su informe inicial sobre la visita in loco, la Comisión se enfocará en derechos civiles y políticos.
En el marco de la actual coyuntura, la Comisión ha decidido enfocar la presentación de sus consideraciones y hallazgos preliminares respecto de la institucionalidad democrática y la independencia judicial, en dos puntos: a) El impacto de la impunidad y la corrupción en la institucionalidad democrática; y b) la instrumentalización del sistema de justicia.
En su informe anual de 2023, la CIDH documentó que el proceso electoral mediante el cual se eligió democráticamente al Presidente Bernardo Arévalo, se vio empañado por acciones que plantearon graves amenazas al orden constitucional y al Estado de Derecho. En ese momento, la Comisión expresó su preocupación por una serie de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público, avaladas por el Poder Judicial que amenazaron con anular la voluntad de la mayoría de la población. La CIDH sostuvo que las movilizaciones sociales convocadas por las autoridades ancestrales y comunidades indígenas en defensa de la institucionalidad democrática y el escrutinio internacional aseguraron una transición pacífica.
La delegación dio cuenta que muchas de las personas con las que se reunieron, advirtieron sobre la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por parte de poderes fácticos de carácter político, económico y militar que busca mantener la impunidad estructural tanto respecto de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado como en casos de corrupción. En este contexto, la lucha de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y de sus familiares no puede avanzar.
La CIDH informó que Autoridades de distintos niveles y la sociedad civil se refirieron al ambiente de polarización política y los consecuentes riesgos a la gobernabilidad respecto del cual el Poder Legislativo juega un papel predominante. La CIDH invita a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación.
La CIDH considera que, encabezado por el Ministerio Público, en Guatemala el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, o han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad. En particular, se advierte un uso abusivo del sistema penal contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta contra el propio Presidente y Vicepresidenta de la República. También contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. Esta práctica ha sido ampliamente documentada y denunciada por los diferentes sectores con quien la Comisión se entrevistó.
En el marco de sus funciones (artículo 41 de la Convención Americana de DD.HH) la CIDH emitió recomendaciones al Estado Guatemalteco, las cuales todos los poderes estatales deben cumplir, pues son obligaciones contraídas voluntariamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Guatemala es parte.
Entre las recomendaciones destacan: 1) Adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación. 2) Implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el Estado de Derecho. 3) Instar al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, etc. 4) Limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales: excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. 5) Realizar un examen independiente del funcionamiento del MP y su impacto en los derechos humanos. 6) Generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral. 7) Garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen con transparencia conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo.
La ruta para la lucha contra los poderes fácticos y la impunidad estructural es conocida por la CIDH y por la ciudadanía, pero requiere de claridad, organización y entereza. Como recién señalo el distinguido jurista argentino Alberto Binder, “este es un juego que hay que librar con el cuchillo entre los dientes. A mí me parece que todavía las élites democráticas, constitucionales, no tienen el cuchillo entre los dientes”.
