En su columna de opinión de Prensa Libre de fecha 25 de julio del presente año, el Doctor Eduardo Mayora hace esta aseveración: “…Entre paréntesis, remitiéndome a la realidad que he observado desde hace unos treinta años, he llegado a la conclusión de que, salvo raras excepciones en cada caso, a las élites de Guatemala no les interesa llegar a ser un Estado de derecho, menos interesa eso a la clase política y, a la dirigencia de la academia y del gremio jurídicos, lo que les interesa es la política.” En términos generales estoy de acuerdo con ello, solo que con un plazo menor de observación de veinte años. En los últimos 20 años he visto cómo grupos gremiales y de poder político se han disputado el poder para controlar las Cortes del país para poder, en términos generales, asegurarse impunidad de hechos de corrupción y para ejercer poder político en beneficio propio o de grupos de interés.
Nuestro sistema de elección de Altas Cortes es un sistema caduco. En primer lugar, es un sinsentido renovar todas las Altas Cortes cada cinco años en forma completa. Si la dirección de la jurisprudencia de los jueces, delineada por las Altas Cortes en procesos de apelación o de conocimiento en alzada, es lo que crea la “estabilidad” y “permanencia” de criterios uniformes a través del tiempo, lo cual crea la tan cacareada “certeza jurídica”, lo peor que puede ocurrir en un sistema constitucional es que éste prevea el cambio de todas las Altas Cortes cada cinco años. Ninguna certeza jurídica se puede obtener si los tribunales superiores de un sistema judicial cambian por completo cada cinco años y, por ello, sus criterios y giros jurisprudenciales. Ningún Estado de derecho puede construirse así.
Pero el principal problema es que no sólo cambia cada cinco años la alta judicatura, sino que el sistema de Comisiones de Postulación se ha politizado. Entonces grupos gremiales luchan por espacios de poder y para poner sus candidatos. Las Universidades se han politizado, incluso surgiendo “universidades de cartón” creadas casi con el sólo propósito de acceder a las sillas de las Comisiones de Postulación. Por último, el Congreso, un órgano político, es el que decide quién es magistrado y quién no. Y el resultado es que dependiendo de los vaivenes políticos, el partido o la facción política que más poder tiene en un momento de elección es la que obtiene mejor “representación” en las Altas Cortes. La independencia judicial fenece en todo este proceso, lo cual aunado al sinsentido de que se cambian todas las Altas Cortes de tajo, crea un sistema que no asegura los derechos de los ciudadanos sino los somete a los “vaivenes políticos.”
En esta coyuntura, a pesar de todos los defectos estructurales de nuestro sistema descritos anteriormente, lo que debemos buscar y fiscalizar es que las Comisiones de Postulación hagan la labor de escoger los mejores criterios para calificar candidaturas para magistrados en la tabla de gradación, asimismo que en últimas instancias se escojan los mejores perfiles para la elección del Congreso. De la misma forma, nos corresponde exhortar a los mejores profesionales a lanzar sus candidaturas. Solo de esta forma podrá corregirse en alguna manera los defectos del sistema y lograr los mejores resultados.
Concluyo diciendo que la tarea más grande del Estado de Guatemala es la reforma constitucional del sector justicia. Es indispensable buscar el mejor modelo que separe el sector justicia de la “política”. Un sector sometido a los vaivenes de la política gremial y partidista y sin ninguna estabilidad, no puede asegurar la independencia de criterios de los magistrados, y con ello, lo que perece es la certeza de los derechos de los ciudadanos, impera la falta de cuentadancia en los funcionarios públicos y genera pobreza. En la Venezuela de hoy, los ciudadanos luchando por desembarazarse de un régimen criminal anhelarían poder recurrir a un poder judicial no sujeto al poder político de turno y que resolviera las disputas en forma ecuánime e imparcial. En Guatemala, no obstante su deterioro institucional, aún estamos a tiempo de hacer algo al respecto. La reforma judicial es impostergable, pero mientras se convencen nuestras élites de efectuarla, velemos y estemos atentos a que la elección de Altas Cortes sea lo más transparente posible y que se escojan los mejores candidatos.
