El Amparo es una vital institución dentro del Estado de derecho porque existe para proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. En ese sentido, la autoridad contra la que se emite un Amparo tiene obligación de acatar lo resuelto por el tribunal competente, sobre todo si se trata de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), porque con ello se busca impedir abusos que impliquen la violación de algún derecho.
Por ello nosotros nos hemos opuesto en el pasado a que se accione legalmente contra los magistrados de la CC por sus resoluciones cuando las mismas están basadas en la interpretación que, por ley, les corresponde realizar de los derechos constitucionales de las personas y de las obligaciones que tienen las autoridades. Sin embargo, en el caso que ahora se presenta por el Amparo espurio otorgado a Jorge Mondal, los magistrados que votaron a favor del mismo ignoraron, olímpicamente, pruebas documentales que hacían constar informes auténticos de la Superintendencia de Bancos (SIB), estableciendo que el amparista no llenaba los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores.
La Corte de Constitucionalidad está para velar por el absoluto respeto al Estado de derecho en el país y por ello un Amparo otorgado para proteger a alguien que violó manifiestamente la ley, es un verdadero apaño de la ilegalidad que confirma lo que muchos vienen señalando sobre un sistema de justicia que, lejos de ser garante de la legalidad, se ha convertido en garante de la impunidad. En otras palabras, se está privilegiando a quienes incumplen la ley, lo que causa un enorme daño a toda la ciudadanía porque nada puede ser tan grave que comprobar cómo los magistrados llamados a ser garantes de lo legal, resuelven de manera burda y descarada en contra de lo que la misma ley señala de manera categórica.
¿Cómo explicarán los tres magistrados su “interpretación” cuando la SIB dijo que no consta en sus registros las calidades que Mondal juró tener?
Es preciso que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad entiendan la enorme responsabilidad que tienen; por mucho que al ser designados en el período de gobierno anterior hayan tenido que asumir compromisos más allá del juramento de respetar la Constitución de la República, deben entender que esos compromisos no pueden estar por encima de su obligación y que ellos se deben, absolutamente, al régimen de legalidad.
Todos sabemos que llegaron en tiempos en los que había que rendir pleitesía al Jefe de Jefes, pero el rescate del Estado de derecho es un mandato que dieron los ciudadanos en la pasada elección y ellos tienen que entender que es obligado romper cualquier compromiso hecho para satisfacción de las anteriores autoridades y empezar a privilegiar y rescatar la legalidad en Guatemala.
