La Cámara de Comercio de Quetzaltenango se queja de que el gobierno de Bernardo Arévalo no agiliza las obras para la construcción del paso a desnivel que se encuentra en el periférico quetzalteco, en las cercanías del centro de justicia, autopista Los Altos. La queja la hace la filial quetzalteca en virtud de que según ellos la obra debió ser concluida en febrero del 2024, pero para entonces apenas llevaba el 25% de avance. La crítica de los agremiados quetzaltecos es que el gobierno no debió ampliar el contrato a la empresa constructora porque esta ya había fallado. El argumento de la filial chiva de comercio es que la construcción del paso a desnivel generó el cierre del paso por la autopista Los Altos y ahora pone en peligro a cientos de pequeñas y medianas empresas de la zona.
El problema de la autopista de Los Altos no está solo en esta caótica Xelajú. Aquí hay que entender la razón por la cual la obra civil pública se desarrolla de una forma lenta, lentísima, ineficiente, ineficientísima y para ajuste mal hecha. No sirve, no dura. Los críticos del gobierno de Arévalo, muchos de ellos parte de la corrupción, quieren ahora que las instituciones que hacen obra civil lo hagan bien de la noche a la mañana y no logran entender que estos contratos amañados, irregulares e irresponsables vienen del gobierno anterior, al que nunca criticaron y con el que hicieron negocios turbios. Ahora, de repente, los de la Cámara de Comercio quieren que el gobierno de Arévalo resuelva un problema complejo que nace de la corrupción del gobierno de Giammatei. Pero la forma ineficiente, corrupta, sucia y cara en que se hace la obra pública en Guatemala viene de décadas de haber dejado en manos privadas los estudios de factibilidad, los diseños, la supervisión y la misma obra que antes estaba en manos públicas.
La mala planificación, la mala administración y la malísima construcción del paso a desnivel de la autopista Los Altos refleja la ineficiente forma en que desarrollamos en Guatemala la obra civil pública en manos privadas. Al entrevistar en un programa radial al viceministro de Comunicaciones, el representante de la Cámara de Comercio quetzalteca no logra entender algo elemental de la naturaleza de la ingeniería y es que dadas las circunstancias en las que se dio esta obra a una constructora privada y dados los procesos oscuros de adjudicación del gobierno anterior, el desarrollo de la obra quedó amarrado a un contrato que al romperlo, explica el viceministro, duraría unos ocho meses solamente levantar un nuevo proyecto.
El viceministro explica que hacer un contrato con la empresa que ya venía construyendo era lo viable. Tanto el representante de la filial de la Cámara de Comercio como el entrevistador preguntan si eso era lo mejor, a lo que el viceministro explica que era lo menos peor. Esto es la naturaleza de la ingeniería cuando ya los proyectos han sido dados, concesionados y donde poco espacio de maniobra se le deja al gobierno actual, esto es, se toma la decisión menos dañina a la luz de las necesidades sociales, en palabras del viceministro actual de comunicaciones «la menos peor». Así que el gobierno actual queda con las manos atadas debido a una herencia corrupta a lo que hay que agregar la forma insidiosa en que las bancadas del Pacto de Corruptos en el congreso y muchos trabajadores del ministerio de Comunicaciones, y los mismos constructores privados corruptos, no todos, boicotean al gobierno actual.
El problema de la mala infraestructura en Guatemala es esencialmente debido a la corrupción, la corrupción en el gobierno (la que espero se reduzca considerablemente con este gobierno), lo que a su vez es el resultado de la privatización de la obra pública, cuando las sirenas encantadas de los neoliberales pedían que todo lo público se privatizara, receta que siguió al pie de la letra Álvaro Arzú que en el caso particular de Caminos, literalmente lo desmanteló y con ello desmanteló la capacidad de planificación, de diseño y principalmente de supervisión de la obra pública. Ya eliminada de la institucionalidad del ministerio de Comunicaciones en materia de ingeniería de planificación, de diseño y de supervisión de obra pública hizo que emergieran empresas constructoras, unas buenas, muchas malas, muchísimas hechas de contratistas privados que encontraron en esta nueva opción una forma de hacerse millonarios de la noche a la mañana. El sistema de construcción de obra pública está mal hecho toda vez que al no existir capacidad técnica dentro del ministerio de Comunicaciones, ni capacidad de ingeniería, ni de arquitectura y menos de otras áreas especializadas, tales como de hidrogeología, por ejemplo, las obras se contratan sin una planificación bien hecha, como en el caso de la autopista Los Altos en Quetzaltenango, donde los contratistas tienen supervisores que se convierten en sus amigos, sino es que son ya sus amigotes, de tal forma que este contubernio produce una distorsión total en la calidad final de la obra porque ahora me supervisas tú y luego te superviso yo, por lo que no solamente no hay idoneidad en la supervisión, sino que hay un conflicto real de intereses.
Al problema estructural y sistémico de la forma en que el gobierno cede la obra pública a constructores privados, algunos de ellos que se especializan en estafar al Estado a través de empresas de cartón, muchos de sus dueños diputados o exdiputados, hay que agregar la poca capacidad del Colegio de Ingenieros, o el poco interés, de supervisar la práctica de la ingeniería de sus agremiados. Esto hace que la obra pública en Guatemala quede en las peores manos, manos corruptas que han hecho chinchilete con los fondos públicos. Ah, y las facultades de ingeniería del país, ¿han dicho algo? No, ni pío.
Y si este panorama no fuese suficiente, hay que agregar que el Ministerio Público tampoco le da seguimiento a los casos documentados por la extinta Comisión Contra la Impunidad CICIG sobre los grandes desfalcos realizados por decenas de constructoras que de a poco el sistema de justicia fue dejando libres, uno tras otro, hasta el paradigmático caso del Libramiento de Chimaltenango, donde los confesos responsables, el mismísimo ministro de Comunicaciones de entonces, fue hallado con maletas llenas de dinero en efectivo, el equivalente a 122 millones de quetzales. Eso no fue suficiente para el sistema de justicia guatemalteco.
Así las cosas, se requiere una cirugía mayor en la forma de hacer obra pública en Guatemala rescatando la institucionalidad del Estado y las intrínsecas capacidades del mismo ministerio de Comunicaciones de planificar, ejecutar y fundamentalmente supervisar obra pública. Si el gobierno de Arévalo logra reconstruir a este destruido ministerio, será un gran logro para Guatemala. Pero eso es tarea de todos los que queremos una nueva y mejor Guatemala. O es ahora o no será nunca Guatemala.
