Como es de dominio público en octubre de 2024 deben asumir nuevas Altas Cortes. Las Comisiones de Postulación no han comenzado a trabajar por la falta de juramentación de los decanos de la Universidad Mariano Gálvez y de la Francisco Marroquín, pero se espera que comiencen a trabajar pronto.
Nuestro andamiaje constitucional establece en los artículos 215 y 217 que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se eligen por el Congreso de la República para un periodo de cinco años de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios del país y un número equivalente electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales de igual categoría. En el caso de las Salas de Apelaciones y tribunales de igual categoría, de la misma forma son elaboradas las nóminas (el doble del número a elegir) por los mismos órganos, con excepción que la Corte Suprema nombra a los representantes de la Corte en lugar de que los magistrados titulares de Salas de Apelaciones elijan sus representantes.
El proceso de elección de Altas Cortes en nuestro país ha sido criticado mucho. En primer lugar, la estupidez supina de cambiar de tajo todas las Altas Cortes cada cinco años, a mi parecer creo que no tiene parangón en otro país, o por lo menos, no en los sistemas mejores calificados en los índices internacionales. Segundo, el sistema de elección de Cortes por medio de comisiones de postulación fue considerado idóneo en sus orígenes para atraer el mejor talento a considerar postularse a puestos, pero entre otros defectos actuales, el sistema es pobrísimo para una sociedad mucho más grande y compleja como la actual. No hay que perder de vista que también fue un mecanismo para “dispersar el poder” y de “despolitizar” la elección de funcionarios públicos por medio de darle la función a sectores corporativos o cuerpos intermedios de la sociedad “apolíticos” (academia, gremios de abogados, etc.).
Es de señalar que la elección de cortes hasta aproximadamente el año 2002 fue controlada por las élites tradicionales. Estas por medio del control de abogados de la ciudad capital del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, las pocas universidades existentes, el número mucho menor de abogados que había y el hecho que las votaciones se realizaban en la Ciudad de Guatemala, daban un control importante en las comisiones de postulación y en las listas de candidatos resultantes. En esa época las élites emergentes y los abogados del interior consideraban que el sistema “no era democrático”. Sin embargo, eso cambió abruptamente con la elección del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) en 1999.
Durante el gobierno del FRG (2000-2003) se dieron cambios legales que llevaron a que eventualmente en el seno del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se explotara políticamente la mayor participación y el rol del citado colegio en las elecciones de magistrados de las Altas Cortes y de otros funcionarios del Estado. En las palabras de los promotores de las reformas, grandes operadores en la elección de magistrados desde entonces, es que se “democratizó” el sistema al dar mayor participación a los abogados del interior del país. De allí que se crearon redes y grupos que politizaron las comisiones de postulación de elección de magistrados, con el agravante que eso desembocó en una politización de la justicia. Al mismo tiempo, se comenzaron a crear “universidades de cartón” para tener acceso a unas sillas en las comisiones de postulación. Así antes había pocas universidades (4), ahora hay 13 universidades. Ocurrió lo que se quería evitar con el andamiaje de la reforma constitucional del `93 que creó el mecanismo de las comisiones al politizar incluso a la academia y a los gremios profesionales.
Los cambios descritos anteriormente en mi parecer causaron un desplazamiento de élites. Las altas cortes del país antes eran electas por élites de la capital que eran afines al poder económico tradicional. En los 2000s eso comenzó a cambiar y ahora las altas cortes son electas por élites emergentes no ligadas al poder económico tradicional, sino al que ostenta el poder político, que medra del estado a través de la obra pública y que en muchas ocasiones es afín a sectores criminales. Un fenómeno que viene ocurriendo en muchos niveles por el cual la élite tradicional ha cedido poder, inconscientemente en mi parecer, a las élites emergentes que controlan el poder político y que están ligadas a la corrupción. Las élites tradicionales quizá tienen recursos económicos, pero tienen mermado su capacidad de incidencia política. Ahora si quieren tenerlo necesitan “alianzas” con actores que otrora despreciaban o que objetivamente deberían hacerlo. Las figuras con quienes se alían varían según el momento y son fluidas, pero han perdido la capacidad de realizar sus designios como antes. De hecho, se aprecia que apoyan ocasionalmente causas cuestionables en asentimiento a funcionarios que deberían repudiar pero le son “útiles” o temen su poder.
La descripción anterior no la hago con el afán de destacar que el estado de cosas era mejor en un momento u otro o que un actor haya dirigido mejor las cosas. Lo hago en forma descriptiva. Lo destaco porque lo que ha ocurrido es que ahora el “control de la justicia” se ha convertido en una lucha importante a tener por razones ideológicas y de poder. Pero me parece que, como sociedad, y en el mejor interés del conjunto de intereses de la colectividad, e incluso de las mismas élites económicas del país, el mejor curso de acción que deberíamos buscar es no el de “controlar la justicia” por un bando u otro, sino a velar por una justicia independiente en donde la ley se aplique por magistrados competentes, idóneos y probos que apliquen la justicia “por igual”. La justicia debería ser “el igualador” entre la ciudadanía y los distintos grupos de interés. No hacerlo es miope y contraproducente para el país.
En el contexto actual, someto a consideración que ese afán igualador de tener Altas Cortes que sean probas debe manifestarse a apoyar las labores de las comisiones de postulación y a evitar injerencia indebida de actores nefarios que quieren a través del poder político y punitivo del Estado ejercer presión sobre sus miembros para encauzar las mismas en beneficio de sus intereses para nombrar magistrados venales. Debemos alzar la voz ante estos abusos y promover que las comisiones puedan trabajar en un proceso ordenado y justo.
