La independencia de los poderes es fundamental en el modelo republicano y democrático del Estado.
La práctica que se realice para construirlo es compleja. Los incentivos perversos para desnaturalizar el modelo son variados, muchos y concurrentes.
Nuestra historia republicana es una muestra evidente de que el carácter republicano y democrático que la Constitución establece es casi un mito.
Las élites oligárquicas históricamente han cooptado la institucionalidad estatal, lo cual han logrado de diferentes maneras. El Estado contrainsurgente que existió durante la guerra fría en Guatemala es una descarada evidencia de esta realidad. El rol de los Estados Unidos y de la oligarquía nacional está más que claro en esta cooptación militarista de la institucionalidad pública.
A partir del inicio de la “transición democrática”, se intentó construir una “democracia de fachada”. Basta recordar los intentos de golpe de Estado en contra del gobierno de Vinicio Cerezo, sabiendo quiénes fueron los actores tras bambalinas y las motivaciones económicas que tenían (evitar una política fiscal que los pudiera afectar).
Por mucho tiempo, las élites empresariales tuvieron un importante nivel de cooptación del poder judicial.
Igual sucedió con la “clase política”, que tradicionalmente fue marioneta de esas élites. Así lograron tener la capacidad de incidir en las políticas públicas que los gobiernos impulsan y, lo que es más grave, de utilizar al Estado en función de sus particulares intereses económicos, para lo cual han necesitado un estado débil y subordinado.
El predominio del neoliberalismo consolidó esta realidad. Francis Fukuyama proclamó el “fin de la historia”, con el predominio casi absoluto del mercado y la reducción del Estado. Ya no habría una nueva etapa en la historia de la humanidad. Hasta allí llegaba. Lo que quedaba era administrar el Estado para que facilitara al máximo posible el rol de un mercado deificado. La reducción del Estado y de sus funciones y la privatización de toda la economía era la receta, decretada por el mal llamado “consenso de Washington”.
Pero en Guatemala, este regocijo privatizador y dramático de debilitamiento de todo lo público permitió que poco a poco se fueran construyendo redes político criminales que lograron acumular suficiente capital a través de la corrupción y la impunidad. Estas redes avanzaron en la cooptación del Estado, disputando con bastante éxito la hegemonía que tenían las élites empresariales, que paulatinamente pasaron a ser rehenes de las mafias.
Ahora hay un reacomodo de los actores. La disputa real es entre dichas mafias y las élites empresariales, aunque seguramente habrá vasos comunicantes. Y el gobierno progresista que genuinamente lucha por un modelo democrático republicano está en medio de dicha disputa.
Hay dos temas concretos que muestran esta realidad. Uno, los intentos que están haciendo los políticos corruptos por lograr la condonación de la deuda que tienen con el INDE determinadas municipalidades, que le cobraron a la gente por el servicio eléctrico pero no le pagaron a dicha institución. Y otro, el interés de las élites empresariales por debilitar al Micivi, lo cual se expresó en el comunicado del CACIF que arteramente lo ataca. Las carreteras son un negocio que debe estar bajo su control y para ello necesitan un Micivi funcional a dicho interés.
