Linda Alay Medina
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Ante las múltiples problemáticas generadas por la brecha de género en esferas como la educación, el trabajo o la política, diversas mujeres guatemaltecas han consensuado una agenda política de acciones mínimas que buscan encaminar al país hacia la igualdad de género.
Las instituciones del Estado deben ser ejemplo de prácticas positivas. Aquí te presento siete acciones que podrían garantizarse en el ámbito público:
- Espacios de lactancia materna en las instituciones. Según datos de UNICEF, las mujeres que cuentan con espacios para extraer leche en su lugar de trabajo tienen menos ausencias y están más comprometidas con la institución. Esto beneficia a las mujeres y a sus bebés, que cuentan con mejores defensas, pero también a la economía en general. La Sección de la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo y Previsión Social guía este esfuerzo, sin embargo, actualmente, no todas las instituciones garantizan este derecho.
- Guarderías infantiles cercanas a las oficinas y comunidades. Habitualmente, los trabajos de cuidado no remunerados recaen desproporcionadamente en las mujeres, limitando sus oportunidades laborales y educativas. Si el Estado garantizara guarderías, las familias podrían estar cerca de sus hijos e hijas, permitiendo a las mujeres equilibrar mejor sus responsabilidades familiares y laborales. La Secretaría de Bienestar Social, a través del Departamento de Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario, es el ente rector en esta materia y debe asegurar la disponibilidad de guarderías accesibles y de calidad.
- Protocolos de prevención de la violencia sexual y hostigamiento laboral. Es necesario implementar procedimientos para la prevención, canales de denuncia accesibles y confidenciales, atención a las víctimas, medidas de protección, reparación y rendición de cuentas. Esto permitirá una cultura organizacional basada en el respeto y en la equidad. Estos protocolos deben ser acompañados por la Secretaría Presidencial de la Mujer para garantizar su efectividad.
- Licencias por paternidad. El actual Código de Trabajo otorga 84 días por licencia de maternidad a las mujeres y solo dos días a los hombres. Esto refuerza los roles de género tradicionales, colocando todo el peso del cuidado infantil sobre las mujeres y limitando que los hombres generen un mayor vínculo afectivo con sus hijos o hijas. Ampliar las licencias de paternidad permitiría a los hombres asumir mayores responsabilidades en los cuidados. Esta reforma al Código de Trabajo debe ser prioridad para el Congreso de la República.
- Programas de pausas activas. La vida sedentaria, incentivada por largas jornadas laborales sin interrupciones, perjudica la salud y genera malos hábitos alimenticios, obesidad y troficidad de las articulaciones. El Ministerio de Cultura y Deportes cuenta con un programa orientado a estos temas. Las instituciones pueden implementar al menos 15 minutos de actividad física guiada por profesionales, mejorando así la salud física y mental, lo que beneficia a las instituciones y al sistema de salud pública.
- Política de salud mental. La salud mental debe ser una prioridad en nuestra agenda pública, especialmente en instituciones que atienden problemáticas complejas. Es necesaria una política nacional de salud mental y recursos para garantizar el bienestar emocional y psicológico de las personas. Así mismo, el Congreso de la República debe aprobar la iniciativa de Ley para la Atención Integral de la Salud Mental.
- Espacios de atención a adultos mayores. Actualmente, hay mayor atención a las infancias, sin embargo, las personas mayores requieren centros de día y residencias que brinden alojamiento, cuidado médico y apoyo emocional que fomenten su autonomía y garanticen su calidad de vida.
Muchas personas podrán considerar esta agenda ambiciosa, y, ciertamente, lo es, pero ¿no es lo mínimo que merecemos? ¿acaso para llegar a una meta no es necesario dar un primer paso? Estas medidas son mínimas frente a las transformaciones profundas que requiere la sociedad.
Es necesario que como Estado establezcamos un estándar en el que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, adopten y cumplan prácticas que promuevan mejores condiciones de vida.
Nadie debe quitarnos el derecho a tener esperanza, a soñar y, sobre todo, a luchar desde nuestros espacios por esta agenda política que beneficiaría a toda la sociedad. Como guatemaltecas y guatemaltecos no podemos, ni debemos, conformarnos con menos.
