La decisión de remover a más de sesenta agentes de la Policía Nacional Civil, asignados a diputados de VAMOS sin que hubiera existido el elemental análisis de riesgo, es un pequeño pero muy importante paso para empezar a desmantelar las redes que fueron creadas en el anterior gobierno para asegurar toda clase de privilegios a sus más fervientes operadores. Existe un procedimiento para asignar seguridad especial a personas que puedan estar expuestas a graves riesgos por diversas razones, pero sin ese elemental requisito es un abuso el destinar personal de la fuerza pública para la protección de alguien.
La inseguridad en Guatemala es un problema que afecta a todos los ciudadanos y que obliga a muchos, que disponen de los medios, a implementar sus propios esquemas de seguridad personal. Muchos de los riesgos que pudieran correr los diputados protegidos no son, en absoluto, por estar legislando en beneficio de la población o buscando resolver problemas de fondo del país sino, en todo caso, por las fortunas que han amasado desde esas posiciones oficiales y que los convierte en atractiva presa para ciertos delincuentes.
Desde la época de Jimmy Morales se produjo el desmantelamiento de la Policía Nacional Civil con la destitución de oficiales de carrera que habían escalado posiciones por sus méritos, para ser reemplazados por nuevos que llegaron simplemente a acomodarse y acatar órdenes de quienes pretendían una PNC dispuesta a someterse a sus caprichos. Desde entonces se fue perdiendo la mística que significaba mucho porque la seguridad ciudadana era la prioridad y la protección de personas en riesgo debía darse únicamente tras un detenido análisis de las condiciones que dejaban expuesto a algún particular.
Un telefonazo dando órdenes de proteger a los aliados, aquellos que eran votos constantes y diligentes para apañar todos los negocios que se plantearan, era más que suficiente para asignar personal policíaco para protección de funcionarios que, en todo caso, tenían los recursos para contratar a sus guardaespaldas.
Decimos que es un pequeño paso porque en medio de esa vorágine de corrupción que hemos vivido y seguimos sufriendo por lo bien montadas que quedaron las estructuras (como minas que explotan), se trata apenas de un signo que, sin embargo, se vuelve importante porque de alguna manera envía el mensaje que sí se pueden enfrentar las medidas que dejó VAMOS para quienes han sido comparsa importante de la gran cantidad de negocios sucios que tanto daño han hecho al país.
Así como dejaron protección para 17 diputados, colocaron a sus huestes en direcciones y puestos clave de operación del Estado, que el Gobierno no ha logrado remover en su mayoría.
Y con esa determinación tiene que mostrar el gobierno su irrenunciable compromiso de luchar contra la corrupción en cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas. Se necesita que se llegue al fondo de las causas, como por ejemplo, fortalecer de verdad la PNC para alejarla de las mafias de turno.
Sin medias tintas ni complacencia, urge trasladar a la población el mensaje de que no hay marcha atrás en la lucha contra las mafias y las palabras deben ir acompañadas de acciones estratégicas pero bien marcadas.
