A raíz de una publicación nuestra sobre la bonanza para las 6 empresas del aeropuerto “fallido” de Escuintla y sus millonarios contratos, la empresa Avalon S.A, envió una carta rechazando que haya sido una de las favoritas de la parejita (o parejota, como usted prefiera) de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Su argumento más contundente es que ellos participaron en “eventos competitivos de libre competencia (valga pues la redundancia, donde las personas individuales y/o jurídicas interesadas pueden ofertar”.
En otras palabras, las adjudicaciones fueron hechas, según ellos, sin que existiera ningún trasfondo porque fueron en el marco de lo que establece la ley de contrataciones del Estado. Según ese argumento todos los guatemaltecos somos una sarta de malpensados que, sin duda maliciosamente, vimos micos aparejados por los millonarios negocios que se hicieron durante esos cuatro años que para la población fueron fatídicos, no solo por la epidemia (que facilitó la compra de las vacunas Sputnik) sino por la inmensa cantidad de mamarrachos y obras con sobreprecio y sin terminar que fueron pagadas por decisión de Giammattei y Martínez.
Por supuesto que no hay ningún reparo de la Contraloría de Cuentas ni investigación del Ministerio Público y eso puede esgrimirse como una prueba de que los eventos fueron realmente competitivos y se escogió, según lo que afirma la empresa, a quienes ofrecían menor costo y mayor calidad. Obviamente tampoco existe la menor investigación a cargo de la Superintendencia de Bancos, vía la Intendencia de Verificación Especial, para seguir la pista del dinero y saber si hubo traslados misteriosos o sospechosos.
Ello puede usarse para demostrar “transparencia” aunque en Guatemala nadie tiene la menor duda de cómo se hicieron los negocios. Y la cosa sigue porque, tristemente, los mafiosos dejaron todo armado para no sólo impedir que se les investigue sino, también, para seguir con la piñata, como lo podemos ver con la nueva compra que está ya preparando el IGSS para repetir las compras millonarias de Irbersartán y Clopidogrel. Y, por supuesto, se pide que ambos medicamentos sean de marcas específicas, lo que asegura que la firma Lanquetin sea la única “oferente”.
La empresa Avalon en su aclaración no dice absolutamente nada sobre la torre de control inconclusa que era su responsabilidad porque el fondo de su misiva es para darse los correspondientes baños de pureza afirmando que actuaron de conformidad con la ley y en el marco de la libre competencia. Pero los ciudadanos, especialmente esos millones que votaron contra el sistema corrupto, saben cómo se operó y que no era cuento que aquel era Jefe de Jefes y que todos debían ponerse firmes.
