En mi columna de la semana pasada argumentaba que las unidades de CAMINOS, pero también la COVIAL, deben “reconstruir” la capacidad de supervisar las obras viales porque estas se están desmoronando cuando un supervisor privado indicó que se construyeron o mantuvieron adecuadamente. Se debe rescatar la “supervisión” de la obra de la maraña de empresas relacionadas con contratistas que se “supervisan a sí mismos”.
Como se recordarán a mediados de los 1990 la llegada del gobierno del PAN de Álvaro Arzú se modificó el modelo de construcción de obra vial de un sistema en el que el Ministerio de Comunicaciones, a través de CAMINOS, planificaba, diseñaba y construía directamente con sus ingenieros y su maquinaria la obra pública vial hacia uno en el que se licitaba a empresas privadas para construirlas, para supervisar su construcción y otras para darles mantenimiento. Con la creación del Fondo de Conservación Vial por el Decreto 134-96 se destinó un quetzal de cada galón de gasolina para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) para la conservación y mejoramiento de la red vial. Se pensaba que la operación del “mercado” y un “sistema de competencia” en la construcción de obra vial iba generar un sistema más costo efectivo, iba existir más infraestructura y más duradera. Sin embargo, no ha pasado eso. Únicamente ha ocurrido que el Estado se convirtió en un “administrador de contratos”.
En muchas ocasiones he abordado las problemáticas del sistema de construcción de obras públicas de infraestructura vial. Pero hoy quiero hacer hincapié en un problema que ahora nos debería saltar a la vista, que es, la relación incestuosa o con conflictos de interés de las empresas constructoras y de mantenimiento vial con las empresas supervisoras. Actualmente cada vez que se licita la construcción de una obra vial se licita, en paralelo, un contrato de supervisión de la obra. Es decir, una empresa privada es contratada para que revise y supervise que la empresa contratista cumpla con el diseño, estándares y demás condiciones técnicas de la obra, o bien, que supervise las obras de mantenimiento de la misma. Teóricamente, la empresa supervisora debe fungir un rol de fiscalización de los trabajos de la empresa contratista por “delegación”, contractual, del MICIVI para que la obra sea de la calidad contratada. Sin embargo, a lo largo de los años este sistema que en papel es formidable, en lugar de crear un mercado de empresas contratistas y de supervisión que compiten entre sí y ganan mercado por su eficiencia y buena reputación, se ha “truqueado” por los contratistas y resulta que cada contratista tiene su “propia supervisora”. Con el añadido que no habiendo regulación sobre “conflictos de interés” ni de “beneficiarios finales” entonces los mismos grupos contratistas tienen subsidiarias que manejan supervisión que se encargan, en muchos casos, de supervisarse a sí mismos. O bien, si no se supervisan a sí mismos, se coluden con otros contratistas para supervisarse en forma “cruzada”. El resultado es que las obras viales de construcción y mantenimiento son pobres.
En la coyuntura actual se ha informado por el MICIVI que el gobierno anterior no dejó contratadas las obras de mantenimiento en noviembre para hacer frente al invierno y que eso, dada la rigidez y los tiempos de contratación de la obra pública, ha causado retraso en el mantenimiento. Sin embargo, cabe resaltar que muchas de las obras que ahora están colapsadas, no deberían estarlo si las empresas supervisoras de su conservación hubieren hecho su labor adecuadamente.
La falta de construcción de institucionalidad y de inversión en las capacidades técnicas del Estado en los 1990 debe detenerse y remediarse. Uno de los lugares donde debe hacerse hincapié es en el rescate de la función de supervisión del Estado de las obras públicas de construcción y mantenimiento de infraestructura. Para ello hay varias vertientes, una de ellas es invertir en el largo proceso de creación o mejoramiento de la capacidad institucional de cuadros de supervisión y la otra es crear mecanismos de gobernanza pública y de auditoría que permita determinar quiénes son los “beneficiarios finales” de las empresas contratistas y de supervisión para evitar las relaciones repletas de “conflictos de interés” y de “colusión” al hacer más transparente quiénes están detrás en las estructuras de propiedad entre las empresas y prohibir sean contratadas en las mismas obras como contratista-supervisor.
En el corto plazo, como una reforma legislativa al marco de contratación de infraestructura pública es sumamente remoto en el Congreso, la solución de corto plazo debe ser, si fuere posible, un mecanismo similar a la compra de medicinas por medio de UNOPS en el IGSS y ahora Ministerio de Salud para la labor de supervisión de las obras y, a mediano plazo, fortalecer la institucionalidad pública y la construcción de capacidades necesarias en materia de recurso humano destinado a la supervisión de obras, así como en las áreas de planificación y de diseño de infraestructura. Sin el recurso humano capacitado no puede haber mejor gobernanza e infraestructura pública.
