Samuel Flores

Periodista, fotógrafo y catedrático universitario, interesado en la recuperación de la memoria histórica del periodismo en Guatemala. Comprometido con la formación académica de la juventud mediante la investigación, verdad y justicia. Opositor a la corrupción, despilfarro y excesos cometidos por los gobernantes y funcionarios que se han enriquecido a base de la pobreza extrema de la población principalmente en el área rural.

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 A 182 días de la toma de posesión de Bernardo Arévalo, los efectos del cambio climático castigan directamente el bolsillo de las familias vulnerables que habitan en el área rural y cinturones urbanos de pobreza. El encarecimiento de los productos de la canasta básica, pérdida de cultivos y cosechas, bajos salarios en fincas y plantaciones de monocultivos, desempleo, y otros problemas presagian que la crisis se incrementará en el corto plazo.

Esos indicadores revelan el grado de especulación que impera en los mercados cantonales, donde verduras, frutas, vegetales, y otros productos del campo reflejan un alza desmedida de precios. Resulta increíble ver que los supermercados y despensas ofrecen esos mismos productos a más bajo precio.

Sin embargo, un análisis realizado por el Instituto por la Democracia, ID/CONGCOOP, revela que las dependencias e instituciones gubernamentales incumplen su función de verificación de precios a fin de contener ese incremento.

El Estado/gobierno ha implementado medidas paliativas como la tarifa social en la energía eléctrica, importación de contingentes de maíz, frijol y otros productos, que no responden ni garantizan estabilidad en los precios. El gobierno debe impulsar el seguro por pérdida de cosecha, a fin de garantizar que todo campesino que vea afectada su cosecha por sequía o exceso de lluvia, cuenten con los recursos que le garanticen su subsistencia. Esta medida ayudaría a contener el incremento de precios en los productos de la canasta básica.

Por su parte, el ministerio de Agricultura debe ejecutar inmediatamente actividades como la Asistencia por vulnerabilidad alimentaria que tiene un presupuesto de Q23.07 millones, de los cuales únicamente ha invertido el 0.27%, (unos Q0.06 millones) al 30 de junio 2024.

Asimismo, el subprograma disponibilidad alimentaria, con un presupuesto de Q265.44 millones, únicamente ha ejecutado el 37.74% (unos Q100.18 millones). Es fundamental que en esta época de crisis se ejecuten esos recursos para que el MAGA pueda apoyar a los pequeños y medianos agricultores.

En el análisis a la ejecución del MAGA destaca que la actividad Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina ha ejecutado el 44.07% (Q73.69 millones), de un presupuesto vigente que alcanza los Q167.24 millones.

El Fondo de Tierras que cuenta con un presupuesto de Q175.00 millones, únicamente han ejecutado el 20.74% (unos Q36.29 millones). Pese al conflicto agrario imperante en Guatemala, los gobiernos anteriores han debilitado la institucionalidad del MAGA.

La cartera de Agricultura debe responder contundentemente a las necesidades históricas de los campesinos atendiendo sus demandas con una eficaz ejecución de recursos en las actividades estratégicas de producción de alimentos.

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