El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras busca intervenir en asuntos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), tal como lo hizo en 2016, cuando la Fiscalía General era dirigida por la exfiscal Thelma Aldana.
La Fiscalía contra la Corrupción confirmó las intenciones luego de unas diligencias judiciales que se llevaron a cabo el pasado viernes 12 de julio en las oficinas centrales de la EPQ.
En su cuenta de X, el MP precisó que el objetivo de la diligencia fue “recabar información relevante sobre la posible intervención de dicha entidad”, y acompañó la publicación con fotografías de una fiscal, de espaldas, mientras ingresaba a las oficinas.
A esta publicación le siguió un video de sus voceros quien expuso que “esta diligencia busca obtener datos cruciales para el desarrollo de la investigación en curso”.
Como en otras diligencias que han levantado suspicacias en diversos sectores sociales, esta nueva investigación se originó a raíz de “denuncias ciudadanas”, confirmó el MP.
Fuentes con conocimiento del tema confirmaron a La Hora que el MP busca que la EPQ sea intervenida y generar así un nuevo episodio en el enfrentamiento que mantiene con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
La diligencia siembra dudas en los usuarios de la EPQ que, en estos días atraviesa incertidumbre por cómo continuarán sus operaciones luego de que una decisión judicial del pasado 11 de junio anulada el contrato entre esta y APM Terminals.
IGUAL QUE EN 2016
Que el MP pida la intervención de la EPQ no es algo nuevo.
En 2016, la exfiscal Aldana solicitó ante un Juzgado de Extinción de Dominio la intervención de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), lo cual fue declarado con lugar.
La petición tuvo lugar después de que la Fiscalía de ese entonces llevara a cabo una serie de investigaciones sobre supuestas irregularidades en el contrato de usufructo firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal y TCQ, una empresa que habría sido constituida “de manera emergente para simular un contrato de usufructo”, dice en una publicación del 2 de junio de 2016, que todavía está en los registros del MP.
Al ser una orden judicial, el presidente Jimmy Morales se vio obligado a acatar la orden de intervención.
La investigación del MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) daba cuenta de que supuestas irregularidades, entre estas el pago de sobornos, en la firma del contrato entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal, para que la primera construyera y operara una nueva terminal de contenedores por 25 años en un terreno de 34 hectáreas.
En el caso también fue señalado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
POSTURAS
La oficina de Comunicación del MP dijo a La Hora que, como en otras ocasiones, la investigación se originó debido a “varias denuncias ciudadanas”.
“El propósito de la diligencia efectuada por la Fiscalía contra la Corrupción, era obtener información y solicitar a dicha entidad que, en un plazo de 5 días, proporcione informe respecto de los posibles procedimientos que allí se podrían estar realizando con el propósito de que se esté gestionando una posible intervención”, subrayó la dependencia.
Agregó que “durante la diligencia se conversó con el mandatario de dicha entidad quien indicó que remitirán los datos solicitados por la fiscalía, los cuales serán analizados para establecer las acciones legales a seguir”.
El MP descartó que es “falso y completamente errónea” la información que sugiere que el MP tenga la intención de entrar en un nuevo pulso con el Organismo Ejecutivo, con quien ha estado enfrentado desde el inicio de la gestión del presidente Bernardo Arévalo.
“El artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece claramente las funciones que realiza la institución, las cuales son promover la persecución penal, dirigir la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delito y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”, subrayó la oficina.
Pero, el enfrentamiento entre MP y Ejecutivo viene desde antes de que las nuevas autoridades tomaran posesión de sus cargos, el pasado 14 de enero, puesto que el MP intentó a toda costa desacreditar los resultados electorales para que el gobierno de Arévalo no asumiera.
En una conferencia de prensa el 8 de diciembre de 2023, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, dijo que, a su juicio, las elecciones eran “nulas”.
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ACCIONES INTIMIDATORIAS
Por su parte, el presidente Arévalo calificó este lunes 15 de julio las acciones del MP como una medida de “hostigamiento e intimidación”; no obstante, recordó que la Constitución le da al poder Ejecutivo la facultad de intervención.
Añadió que la Junta Directiva de la EPQ trabaja con normalidad y que el MP cree que se va a decretar una intervención.
“No hay otra explicación que intentar responder a intereses espurios”, detalló Arévalo al respecto de las diligencias del MP. “Lo que tratan es que de que no salgan las negociaciones para tratar de que alguno de sus asociados se lleve algún contrato jugoso”, subrayó.
