Ayer 8 de julio de 2024 el sistema de justicia guatemalteco volvió a condenar a Virginia Laparra, la ex fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG. Se le acusa de haber dado información de un caso que se encontraba en reserva. El mismo sistema de justicia que tiene en prisión a Jose Rubén Zamora, el mismo sistema que libera a José Luis Benito, el tan recordado ministro de Comunicaciones por su obra cumbre: El Libramiento de Chimaltenango, una de las peores obras de ingeniería del país y eso ya es bastante. Y no solamente eso, el mismo ministro reconoció que las maletas que tenían 122 millones de quetzales eran de él. ¡Válgame Dios! ¿Cómo justificó el ex ministro de Comunicaciones que ese dinero en efectivo, escondido en maletas, listo para salir al extranjero, era bien habido? El mismo sistema de justicia deja libre al otro ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al mismísimo ladrón confeso, narco, Manuel Baldizón, condenado en los Estados Unidos y que regresa a Guatemala orgulloso de la condena.
Yo no sé si la exfiscal Laparra efectivamente cometió este delito del que se le acusa y por el que fue condenada. No sé si Jose Rubén Zamora cometió los delitos que dice el Ministerio Público, MP. Lo que sé es que el Ministerio Público de forma sistemática viene defendiendo ladrones, liberando confesos, atacando al proceso democrático a través de una docena de casos fantasma, casos falsos, fake, como ellos. En ese sentido, difícilmente uno puede creer que el sistema de justicia guatemalteco tenga alguna objetividad. Apenas Semilla pasó a la segunda vuelta presidencial, el MP inició toda una campaña en contra de la elección, inventando un fraude que nunca existió. La razón es clara, el MP se politizó y se convirtió en el sistema de defensa de los corruptos que miraban cómo perdían poder político.
El sistema de justicia guatemalteco no fortalece democracia alguna, al contrario, sienta las condiciones para el fracaso democrático y para la construcción de gobiernos autoritarios. Por eso es fundamental que los y las guatemaltecas nos pronunciemos, nos opongamos a la cooptación del sistema de justicia, empezando con renovar nuestra lucha contra la corrupción. Nos urge recuperar al sistema de justicia y esta no es una tarea solo de juristas, de abogados, no, esta es una tarea de todos los y las ciudadanas. En un país donde no hay justicia, no hay nada, nada. En un país donde no se defienden los derechos de las personas, no hay nada, nada de nada. Esta degradación de la justicia es paulatina, es como el agua que forma agujeros en los caminos y de a poco destruye el camino, lo filtra, lo carcome.
Los ciclos sociales que determinan a las sociedades no parecen ser explícitos sino hasta que pasan los años, las décadas y a veces los siglos. La degradación de nuestro sistema de justicia es el resultado de un contraataque, de un posicionamiento de las élites empresariales guatemaltecas que fueron atrapadas con las manos en la masa por la CICIG. Ellos, los dueños de la finca, se vieron obligados a pedir perdón por sus robos, pero en el fondo, en el fondo lo que querían era regresar a un Estado donde la corrupción empresarial fuera la norma. Organizados en cámaras empresariales iniciaron un proceso de ataque en contra de la CICIG. Al ver capturados al presidente Otto Pérez y a la vicepresidente Roxana Baldetti, empezaron a buscar monigotes para poder expulsar a la Comisión Contra la Impunidad, CICIG. Luego de años de un proceso Anti Corrupción, el péndulo se movió en sentido contrario y se convirtió en un proceso Pro Corrupción, proceso en el que estamos.
La docena de casos falsos en contra del Partido Político Semilla refleja el terror que el Pacto de Corruptos le tiene a la democracia. Por eso el sistema de justicia está cooptado. El golpe más grande realmente no es contra Semilla, es contra nosotros, los y las guatemaltecas. Cuando no hay justicia no hay presente, no hay futuro. Todos podemos ser encarcelados sin razón alguna. Mire el ridículo caso de USAC Botín Político armado a la medida de la miopía de Curruchiche, un caso que debería ser un guion de una novela jocosa de mala muerte pero que sigue adelante. Y lo peor es que la gran mayoría de los y las estudiantes de la Universidad de San Carlos, USAC, ciudadanos y ciudadanas, no ven que es contra ellos, este caso fantasma, USAC Botín Político es un caso contra estudiantes, contra sus libertades fundamentales. Pero tal vez si existe algo peor, realmente peor, eso es la indiferencia del profesorado de la USAC, esto sí que llora sangre.
Los golpes del Ministerio Público a la democracia nuestra han sido desgarradores. El primero, violar la independencia del Tribunal Supremo Electoral, TSE. La estrategia es jurídicamente ridícula. Van y le aplican la Ley Contra la Delincuencia Organizada a Semilla, con la discreción total que da la impunidad. Con ello violan la Constitución, violan nuestros derechos, arremeten contra nuestras libertades. El segundo, la fiscal general se autonombra defensora de la democracia e inicia toda una campaña pseudo presidencial, haciendo mítines políticos, atacando a diestra y siniestra al presidente y a la vicepresidenta democráticamente electos. Tercero, se inventa un programa de solicitud de apoyo internacional y manda a su embajador plenipotenciario Calito a Washington, con fondos nuestros, a hacer lobby político pro impunidad.
Este lunes 8 de julio del 2024 en Quetzaltenango el sistema de «justicia» guatemalteco dictó condena contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. Este es otro golpe a la justicia, a la democracia y a la dignidad humana. Este no es un problema solamente de Virginia Laparra, nos puede pasar a todos, a cualquiera, porque en un país donde no hay justicia no hay nada, menos democracia. Mientras los ladrones y los corruptos amasan sus grandes fortunas, los defensores de derechos humanos o están en exilio o son condenados ante el silencio de una sociedad aterrada que debe aprender a defender sus derechos. ¿Cuándo despertaremos? Despertemos guatemaltecos. Si no es ahora, no será nunca.
