La función esencial de la Corte de Constitucionalidad, tiene como fin especial: la defensa del orden constitucional y debe por ley, ser garante del Estado de derecho, actuar con absoluta dependencia y resolver de acuerdo con lo que regula la Carta Magna. Actuar en contrario, la somete a la censura de la vindicta pública, nacional e internacional. Gobernantes y gobernados deben ser juzgados con absoluta objetividad y cumplir con lo que regulan las leyes de la materia. Guatemala, desde hace tiempo ha caído en un precipicio y en un “Estado fallido”, por las decisiones judiciales y de entes como el Ministerio Público, que actúan a conveniencia, no guardando la distancia que indican las leyes de la materia.
Se conoció que el máximo tribunal constitucional, ha erogado la elevada suma de Q4 millones para la compra y blindaje de uso para los vehículos de los magistrados. Dictó un acuerdo donde “se reverva la información sobre seguridad de los jueces constitucionales”. Nadie desconoce la gravísima crisis que por años ha tenido la red hospitalaria del país, por el crecimiento de la población y por el bajo presupuesto, siendo víctima del reducido presupuesto, el sufrido y hambriento guatemalteco que a falta de trabajo, se ve obligado a emigrar, ser extorsionado y muchas veces con riesgo de perder la vida, por los narcos mexicanos y los extorsionadores «coyotes»
No se ve clara la razón del porqué la CC. emitió dicho acuerdo pidiendo secretividad de la seguridad que se les dá a los magistrados. Todo funcionario público, de cualquier rango, está sujeto a la critica y al peligro, por la violencia irracional que ha tenido el país desde hace años.
Esa secretividad nada menos de los “impulutos e intocables magistrados constitucionales, da lugar a muchas sospechas y son violadores de la Constitución, de la Ley de Emisión del Pensamiento y de la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el año 2008, que norma que todos los actos de la administración del Estado son públicos, salvo que se ponga en duda la soberanía nacional y militar. Es decir, no hay ninguna razón para demandar esa reserva que durara –según el acuerdo–siete años.
Varias instituciones se pronunciaron en contra del referido acuerdo, que como ya quedó dicho es una clara violación a la Ley de Emisión del Pensamiento y a la Ley de Libre Acceso a la Información. Todas las entidades de prensa, encabezadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala, coincidieron en exigir que la CC dé marcha atrás a dicha disposición, pues ha sentado un pésimo antecedente y una flagrante violación a la Constitución, que por ley, ese organismo está más que obligado a cumplir.
La Contraloría de Cuentas quiso segundar a la referida entidad constitucional y al recibir un rechazo, dio marcha atrás en menos de 24 horas. Se conoce que varias municipalidades y el Organismo Judicial, analizan emitir un acuerdo similar al de la CC, pero de antemano ya han recibido críticas de muchos sectores, incluso políticos, pues es conocida la corrupción que por años ha tenido el Organismo Judicial con magistrados y jueces corruptos y jefes edilicios que por años se han aferrado a la vara edilicia, haciendo negocios espurios, con empresas que sobornan y tienen salarios de miles de quetzales y otras prebendas.
Los magistrados de la CC, Néster Vásquez Pimentel, que llegó al cargo, tras superar las sindicaciones que se le hicieron junto a otros togados en el proceso de selección para los magistrados de la CSJ, Héctor Hugo Pérez Aguilera, que fue elegido por el Consejo Superior Universitario, no siendo docente de la USAC Dina Josefina Ochoa Escribá, quien fue aliada del expresidente Morales y Lesly Lemus, nombrada por el mal recordado expresidente Giammattei, deben enmendar esa violación a la Constitución, ser garantes del Estado de derecho y no prestarse a acciones espurias, resolviendo a conveniencia y fiel defensores de la Constitución y leyes secundarias.
