Realidades 2024
La estructura jurídica del Estado de Guatemala contemplada en la diversa codificación de las leyes y reglamentos que rigen las actividades diarias de la sociedad, aunque tenga magistrados y jueces electos por diversas formas o mejor dicho designados por las manipuladas Comisiones Postuladoras, seguirá dependiendo de la Constitución Política con vigencia desde al año mil novecientos ochenta y seis con sus reformas efectuadas en el año mil novecientos noventa y tres.
La reforma constitucional efectuada durante el gobierno del presidente provisional Ramiro De León Carpio, aprobada prácticamente a la carrera y sin ningún debate serio, formal e ilustrativo fortaleció al sector económicamente pudiente de Guatemala, a la Corte Suprema de Justicia, al sistema bancario nacional por lo que la Constitución perdió su perfil social original.
La iniciativa privada de Guatemala organizada en Comités, Cámaras y Asociaciones se repartieron el pastel de dichas reformas, convirtiéndola en una Carta Magna liberal; es decir que, se le dio injerencia al sector privado en la administración pública con más de cincuenta representaciones en las juntas directivas de las instituciones que ejecutan el presupuesto de gastos de la Nación; pues teniendo voz y voto se les permite hacer valer sus intereses económicos sobre los intereses de la población.
Para algunos políticos, es necesario plantear la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que persiga la transformación real de las estructuras de funcionamiento del sistema político y, sobre todo, que pudiera considerar la elección de los funcionarios encargados de los aparatos de justicia, lo que sería el primer paso para una verdadera reorganización del Estado la cual fue realizada a favor del capital privado en mil novecientos noventa y tres.
A partir de entonces, la comunidad jurídica del país integrada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG; la Facultad de Derecho así como en el orden económico la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala no han levantado la voz para plantear la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redefina una doctrina jurídica de verdadera protección para la población y no solamente para beneficiar a la minoría que domina el mercado productivo.
Dicha iniciativa incluye la depuración de las personas que trabajan en esas instituciones donde operan los mecanismos administrativos que limitan las tareas y funciones sociales del Estado para privilegiar la economía privada basada en la utilidad de los propietarios de los medios de producción.
Lamentablemente, ante el imaginario nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, Salas de Apelaciones y Juzgados que constituyen la estructura de impartición de justicia tienen como Norte los enfoques de las reformas constitucionales de hace treinta y un años, afianzando así la distribución de dominación de los intereses de la economía privada; dando por resultado postrarse ante los intereses de grandes empresas productivas haciendo que su trabajo solamente beneficie a la minoría que domina el mercado productivo y que la función social del Estado sea postergada hasta “quién sabe cuándo”.
En Guatemala el severo Estado dominante de corrupción durante los últimos cinco gobiernos anteriores sigue vigente; la ilusión que provocó el relevo de funcionarios en el Organismo Ejecutivo hace seis meses, ha representado hasta el momento una transición lenta para recuperar al Estado su capacidad de gestión económica para beneficio de la población.
