Ya está en marcha el proceso mediante el cual se elegirán a las nuevas cortes, tanto la Suprema como la de Apelaciones. Hay dos Comisiones de Postulación que propondrán el listado entre el cual los diputados tendrán que elegir a los futuros Magistrados.
La semana pasada, los abogados elegimos a nuestros representantes en dichas Comisiones. A mi juicio, el resultado obtenido es muy alentador porque pareciera que nuestro Colegio empieza a distanciarse sustancialmente de las mafias que lo han dominado en los últimos años. El mejor indicador de tal apreciación es la cantidad de votos que obtuvo la Planilla 8, presidida por el colega Goyo Saavedra.
También es alentadora la decisión de los Rectores sobre quiénes presidirán dichas Comisiones de Postulación. Miguel Cortés y Raúl Horacio Arévalo son de honorabilidad reconocida. El Rector de la USAC no fue considerado para tal responsabilidad, ya que todos saben qué intereses representa.
Pero volviendo al punto sustancial que quiero exponer en la presente columna de opinión, considero que estas Comisiones tienen una responsabilidad de trascendencia estratégica: rescatar el carácter republicano y democrático que teóricamente tiene el Estado de Guatemala. Por eso, el atributo principal de las nuevas cortes será su independencia. Sin ella no es posible la democracia y se impide el carácter republicano del Estado. La capacidad jurídica y la experiencia obtenida en el ejercicio profesional son atributos importantes de los candidatos (as). Pero lo trascendental es su independencia.
El fenómeno que a nivel regional estamos viviendo que consiste en que las cortes sustituyen a la ciudadanía en la elección de sus gobernantes, también se expresa con profundidad en Guatemala. El acceso al poder político del Estado y la defenestración de quienes lo ocupen se ha trasladado de la política a la justicia. Esto significa que ella se ha instrumentalizado para que sirva a los intereses políticos que sean los hegemónicos o, al menos, los más influyentes.
Y esta cualidad, la independencia, es difícil que sea producto de la aplicación de una tabla de gradación.
Por lo tanto, lo más evidente y explícito es garantizar que los candidatos (as) que salgan en los listados no estén vinculados con las redes político criminales que todos conocemos, redes que en los últimos años tuvieron un Director que los dirigió asegurando su alineamiento a dichos intereses mafiosos, el ex Presidente Giammattei.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Los Comisionados honrados que integren ambas Comisiones de Postulación deben tener presente que la independencia de las cortes no debe expresarse sólo de cara a los otros poderes del Estado, sino que también a los poderes fácticos que tengan la capacidad de influir en la definición de las candidaturas.
Históricamente, las élites empresariales jugaron ese rol. En mis tiempos, se escuchaba frecuentemente hablar del poder que tenían de cara a las cortes “los bufetes de la zona 10”, refiriéndose a los abogados de dichas élites.
Esas dos perversidades hay que evitarlas. Ni los criminales, ni las élites empresariales. Los jueces y magistrados tienen que ser dignamente independientes. Pero estas pretensiones no niegan la necesidad de examinar críticamente también el período reciente donde el poder de las ONGs, usualmente cajas de resonancia de “la Embajada”, fue determinante en el contenido de las resoluciones judiciales.
El principal rol de los Comisionados honestos y dignos será producir un listado de candidatos (as) que, por su independencia, no puedan ser instrumentalizados por los actores corruptos. Y lo que es trascendental, distanciarse de lo que ahora se denomina el “lawfare” (la guerra jurídica), o sea la judicialización de la política.
