
El diputado de CABAL, Julio Portillo, anunció una iniciativa de ley para cambiar el programa del Adulto Mayor, con la cual, según él, garantiza una jubilación universal, sin embargo; la propuesta contenía un error, ya que menciona a las cementeras.
«En años recientes, han surgido varios problemas relacionados con la competencia desleal por parte de empresas extranjeras que han perjudicado a la industria cementera nacional. Estas empresas han importado cemento a precios artificialmente bajos, afectando negativamente a los productores locales que cumplen con todas las regulaciones y contribuyen al desarrollo económico del país», era parte de la justificación de la propuesta de ley para garantizar «el derecho a una vejez digna».
Al consultarle, al congresista sobre ese cruce, reconoció que fue un error del abogado, el cual se «va a corregir». Luego de la consulta compartió el documento sin ese párrafo.
Portillo resaltó que la diferencia de ese proyecto de ley es modernizar y quitar la burocracia y politización, ya que actualmente se acude al Ministerio de Trabajo, donde hay manipulaciones, donde llegan alcaldes que dicen «a este sí, a este no», porque es lo que se ha vivido directamente.
La propuesta del legislador por Zacapa establece mantener un aporte económico de Q500 a los adultos del programa del Adulto Mayor.
CON DATOS DEL RENAP
El diputado expresó que con la iniciativa de ley automáticamente todo adulto mayor de 65 años que esté en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y tenga actualizado su Documento Personal de Identificación (DPI) recibirá un código con el que puede ser beneficiario de ese apoyo social, para luego presentarse al Ministerio de Trabajo.
De acuerdo con Portillo, aproximadamente hay 276 mil adultos mayores registrados, por lo que con su iniciativa se espera beneficiar a 300 mil adultos, pero la meta es que en cada año se registren 22 mil usuarios, mil por departamento y «así tener la mayor cantidad de adultos mayores registrados».

Portillo resaltó que los fondos para esa «jubilación» saldrán del mismo Programa del Adulto Mayor, ya que ahora se pretende llamar jubilación universal, y será la comisión de Finanzas del Congreso que determine de dónde pueden salir más fondos para los nuevos registros.
«Dentro de la ley se estipula también que hay ancianitos que no tienen teléfono inteligente, entonces las municipalidades van a tomar un rol importante para gestionar que esos adultos mayores que no tienen un teléfono puedan tenerlo ya sea por la municipalidad o por cooperación internacional o que sea haga algo entre los departamentos y no pierdan esta oportunidad, porque a veces ponen el número del hijo que ya no lo tienen», puntualizó Portillo.
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