El 21 de junio se conmemora en Guatemala el Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas, para recordar la primera desaparición colectiva y forzada de 27 personas, dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y estudiantes que el domingo 21 de junio de 1980, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por fuerzas de seguridad del Estado (policías y ejército) cuando estaban reunidos en la sede sindical de la zona 1, ciudad Guatemala.
Son parte de más de 45,000 víctimas de la cruel práctica contrainsurgente, implantada por las dictaduras militares durante el Conflicto Armado Interno (CAI) 1960-1996. Claro ejemplo de inhumanidad y desprecio por la vida. Por esa conducta represiva y siniestra se señala al Estado de Guatemala, de violar derechos humanos de la población y cometer crímenes de lesa humanidad.
Este año organizaciones sindicales, estudiantiles, académicas, de derechos humanos y colectivos ciudadanos se unieron para impulsar un extenso programa de rescate de la memoria histórica con acciones cívicas, culturales y políticas que arrancó este jueves 20 y culmina con un “Recorrido de Dignificación de los Mártires Sindicales y Estudiantes” el sábado 22.
En 1990 el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una de las organizaciones guatemaltecas de familiares de detenidos desaparecidos, propuso establecer el 21 de junio como Día Nacional Contra las Desapariciones Forzadas y en 2004, el Congreso Nacional guatemalteco decretó ese día, como ya indiqué, para conmemorar la desaparición masiva de 27 líderes sindicales y estudiantiles en 1980.
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico o Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (ONU), revela que en esa etapa no menos de 45,000 personas (mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, abuelas y abuelos) fueron ilegal y arbitrariamente detenidas y luego desaparecidas, hasta este momento las familias ignoran el paradero de sus seres queridos.
En esa época tenebrosa, la práctica de capturar y desaparecer personas fue común en Guatemala y otros países de la región, era una estrategia contrainsurgente de la Doctrina de Seguridad Nacional usada por las fuerzas represivas del Estado para reprimir a sus opositores, sembrar el miedo y provocar terror entre la población.
Es necesario saber que, en toda la región de América Latina y el Caribe, Guatemala tiene el primer lugar en desapariciones forzadas o involuntarias de personas, se conoce por ser el país donde los gobernantes intolerantes y autoritarios de aquellos tiempos, eliminaban a sus adversarios políticos por razones ideológicas.
En Guatemala durante el desarrollo del CAI y después de firmar los Acuerdos de Paz en 1996 se han descubierto numerosos cementerios clandestinos, el primero fue el del volcán de Pacaya (1971), luego los localizados en bases militares, terrenos privados o en territorio de comunidades indígenas donde ocurrieron masacres de población civil desarmada cometidas por el ejército. La recuperación de osamentas halladas en fosas comunes y los análisis de antropología forense practicados, han permitido que algunas familias identifiquen a sus parientes.
A los familiares de personas desaparecidas aquí o en cualquier otro país del mundo, les asiste el derecho de conocer la verdad sobre los hechos y circunstancias que provocaron la decisión de las autoridades para desaparecerlos, también el derecho de exigir justicia, reparación digna y garantía de no repetición.
Cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad como detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles o inhumanos, desaparición forzada o involuntaria de personas, es legítimo exigir la eliminación de esas prácticas y la garantía de que: ¡Jamás, jamás se repitan!
