Como era de esperarse, organizaciones pro defensa de inmigrantes en Estados Unidos, han presentado demanda en contra la administración del gobierno Joe Biden, por la implementación de norma que restringe el asilo y a la vez, acelera las deportaciones de migrantes que lleguen a la Frontera Sur de Estados Unidos a sus países de origen y México.
Dentro de las organizaciones que han presentado recurso, se encuentran El Centro de Estudios de Género y Refugiados, Jenner & Block LLP, ACLU del Distrito de Columbia, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la Oficina de Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), para presentar la demanda federal en nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAÍCES), por lo que podrá entrar en suspenso la normativa vigente el 5 de junio, por una decisión política, ante la cercanía de las elecciones presidenciales el 5.
Se ha enfatizado que el Gobierno federal de Estados Unidos, no puede apelar a una autoridad “unilateral”, para poder anular una ley aprobada por el Congreso, en referencia a las limitaciones de peticiones de asilo.
Dentro de la argumentación se indica: “La administración carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la Administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”.
“Estas acciones ejecutivas cerrarán efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos”, advierten los demandantes. “La proclamación se hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración Trump, que los defensores de los derechos de los inmigrantes desafiaron con éxito en tribunales.
La demanda indica que el acceso al asilo, sólo es para personas que pueden conseguir una cita a través de la plataforma CBP One, la cual califican de limitada, al otorgarse únicamente 1,495 citas diariamente, además de que las nuevas evaluaciones son “limitadas”, estas disposiciones son contrarias a lo que estableció el Congreso de Estados Unidos.
Debe recordarse que la promulgación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) de 1965 en Estados Unidos, así como la Ley de refugiados de 1980 que establecen los lineamientos para la protección de peticionarios de asilo, están vigentes.
El especificar por parte de la orden presidencial de Biden, establece el cierre de la Frontera Sur de Estados Unidos, cuando las capturas de inmigrantes, las 2,500 personas por día, adicionalmente al endurecimiento de requisitos de las peticiones de asilo, así como las deportaciones aceleradas, al establecer y permitirá las deportaciones aceleradas. Conociendo que la reapertura, será evaluada, cuando las capturas se reduzcan a 1,500 personas inmigrantes diariamente.
Esta medida de suspensión de la disposición del 5 de junio, indudablemente incrementará la migración para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos e incrementará la actual crisis humanitaria migratoria existente, no reconocida por autoridades.
Actualmente son más de 190,000 guatemaltecos los capturados en la Frontera Sur de Estados Unidos, cifra que aumentará y superará los 221,000 migrantes capturados entre hombres, mujeres y menores en 2023, lo que refleja mayor migración en el presente año.
Lo que debe ser tomado en cuenta por parte de las instituciones vinculadas al tema migratorio, en generar campañas de información, tanto en radio, prensa y televisión, en castellano como en idiomas mayas, para orientar a connacionales e inmigrantes en ruta migratoria, en relación a leyes antiinmigrantes que se han generado en 15 estados republicanos como demócratas de la Unión Americana, en las que posiblemente puedan entrar en vigencia próximamente, o como el caso de la SB 1718 que sufrió suspensión en articulado, pero que debe ser una responsabilidad de informar, lo que no se hace lamentablemente por instituciones, mostrando el desinterés hacia población.
