En varias ocasiones he manifestado que Bernardo Arévalo tiene un mandato esencial, decretado con el voto de millones de ciudadanos: librar a Guatemala de la “guerra judicial” (lawfare), que fue desencadenada por Jimmy y potenciada por Giammattei, apoyándose ambos en la Fiscal General y el cooptado sistema judicial. La tarea de frenar al MP como “policía política” debe cumplirse ya, porque en tanto subsista, la ciudadanía no puede alcanzar la necesaria paz, las instituciones funcionan bajo amenaza de injerencia y persecución judicial, y personas inocentes van a parar a la cárcel al tiempo que maleantes de todos los niveles quedan en libertad y siguen cometiendo delitos.
Hay gran número de presos políticos y otra cantidad mayor de personas amenazadas y/o perseguidas por el MP. Un buen número de ellas y sus familias se han visto obligadas a salir al exilio; pero siguen bajo la persecución del MP fuera del país, al estilo de la Operación Cóndor, con bufetes extranjeros y solicitudes de extradición. El accionar del MP carece de racionalidad; basta que el funcionario haga bien su trabajo, ajeno a los intereses de las mafias corruptas, para ser acusado con pruebas plantadas y testigos falsos. Actúa “de oficio” o con base en denuncias espurias de personas que permanecen en la oscuridad -Fundaterror y politiqueros de derecha- que saben que gozan de impunidad. Esta guerra judicial debió haber terminado el 14 de enero de este año; pero ha continuado, ahora enfocada contra funcionarios del nuevo gobierno, incluidos presidente y vicepresidenta, y otras personas honestas.
Sostengo que la solución óptima a este problema es la captura y prisión de la Fiscal General y sus compinches, y la reingeniería del MP. Entiendo que la CC apoyaría a Porras, por lo que se debe estar prestos a capturar a sus deleznables magistrados y magistradas; de no hacerlo, seguirán los abusos y delitos de las mafias criminales y corruptas. Si el gobierno no tomara esta drástica medida, debe, como mínimo, parar la “guerra judicial”, negando recursos y apoyo al MP (presupuesto y policías) cuando sus investigaciones sean cuestionables. Desde los primeros días de este gobierno, sugerí a la presidencia proceder a un indulto general de todos los casos que puedan ser ubicados dentro de la “guerra judicial” de Porras. Cada día en que personas inocentes siguen presas o continúan en el exilio ciudadanos que han escapado a la persecución del MP, implica una grave responsabilidad de injusticia para el gobierno actual. Sugerí también que Arévalo buscara apoyo internacional, en la CIDH y la Corte Interamericana de Justicia, para evaluar las docenas de “casos inventados” por Porras y secuaces. Esto es urgente. Algunos casos serán fáciles de ubicar y resolver, como los de Jose Rubén Zamora, Claudia González y Thelma Aldana, aunque otros, como el de César Montes, tendrá la oposición de CAMAGRO y los añejos anticomunistas. La deuda de justicia es aún mayor con las comunidades rurales que siguen siendo avasalladas por personajes e intereses innobles, con el uso de la “policía política” a cargo de Porras y sus fiscales.
