Hemos dicho que uno de los mecanismos indispensables para combatir la corrupción es seguir la pista del dinero porque las ganancias ilícitas que se obtienen, así como el pago de las inmensas mordidas que ya son pan de cada día, son consecuencia del pago que hace el Estado y que, por fuerza, tiene que ser operado en instituciones bancarias porque en esos calibres y contratos no caben pagos en efectivo. De allí que el trabajo de la Superintendencia de Bancos sea crítico por medio de su Intendencia de Verificación Especial puesto que legalmente tienen la facultad de auditar las transacciones que resulten sospechosas.
La Hora recibió información de que la Superintendencia de Bancos presentó denuncias formales ante el Ministerio Público por operaciones de la empresa La Botica S.A., que fue una de las favoritas de Miguel Martínez y que recibió inmensas adjudicaciones tanto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como del Ministerio de Salud para abastecimientos de medicinas. Además del tema candente, del que se habla sin embargo tan poco, como es el sobreprecio de los medicamentos en el país, hay que observar el tipo de preferencias de las entidades que los compran, porque según lo que supo La Hora, la misma SIB hizo ver que se le hicieron adjudicaciones aun cuando no fue el oferente más barato.
Tales denuncias no han avanzado en el Ministerio Público que está muy ocupado en proteger a personas vinculadas con Martínez, como los ex cabecillas del Banco de los Trabajadores, pero no muestra el menor interés por dar seguimiento de casos como el planteado por la Superintendencia de Bancos que, al fin de las quinientas, va mostrando algunos aires con remolino. Y es que no se puede nadie hacer el papo ante el tema del indispensable lavado de dinero que se tiene que dar tanto entre las empresas que reciben pagos en el sistema de contratos amañados, como de las personas que reciben las coimas. Ese dinero de alguna manera se traslada y es la Intendencia de Verificación Especial la llamada a seguir la pista, cosa que por obvias razones no sucedió durante el gobierno anterior.
En esas condiciones, el Ministerio Público tenía la excusa perfecta porque sin denuncias de la IVE no podían tener acceso a informaciones protegidas por el secreto bancario, por lo menos de manera formal. Pero ante la presión que se ha ejercido, tanto nacional como internacionalmente, los intendentes han cambiado de actitud y por ello se presentó la denuncia contra la empresa La Botica S.A., misma que fue puesta en conocimiento de La Hora y sobre la que el MP no ha realizado acciones como las que, allí si Fuerte y Firme, emprende contra los que cuestionan la corrupción y su régimen de impunidad.