Juan Antonio Mazariegos G.
El día jueves de esta semana fue aprobada por el Congreso de la República la denominada Ley de Tarjetas de Crédito, la cual, según informaciones de prensa, establece máximos en el cobro de tasas de interés a los emisores de los famosos plásticos, así como otras medidas que pretenden regular el acceso al crédito y las posibilidades de cobro a manera de que este no se vuelva un hostigamiento hacia los tarjetahabientes.
Pocos productos o servicios alcanzan en Guatemala la penetración que tienen las tarjetas de crédito, quizás solo por detrás de los servicios de telefonía celular, las tarjetas de crédito atienden las necesidades crediticias de millones de usuarios, quienes en su mayoría carecen de acceso al crédito bancario y encuentran facilidad en plásticos que prácticamente se regalan en distintos comercios.
No cabe duda de que estar en contra o a favor de la ley en mención y de sus alcances tiene un enorme espectro, que puede ir desde aquellos que la aplauden porque regulará los abusos en las facilidades para endeudarse o en el comportamiento de las empresas de cobro especializadas en hostigar al cliente para que pague, hasta llegar a quienes la renieguen pues encuentran en las tarjetas de crédito la bendición de poder contar con un plástico que puede ayudarles en una emergencia o simplemente a poder llegar a fin de mes.
En todo caso hay algo que no podemos dejar pasar de lado en un País como el nuestro, el mercado informal en Guatemala es un monstruo que devora todo aquel espacio que las regulaciones arrancan al sector regulado, es decir, en la medida que las regulaciones como las propuestas limiten el espacio para los tarjetahabientes o el crédito que estos puedan alcanzar, en esa misma medida crecerá el mercado informal que no atenderá la ley, al igual que no atiende los llamados a la contribución tributaria o de creación de empleos formales que tanto necesita el País.
Crecí en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, y recuerdo perfectamente la existencia de usureros que prestaban 100 quetzales por la mañana a comerciantes o agricultores en el mercado del pueblo, a cambio de recibir 110 por la noche del mismo día y bajo la amenaza de cobros por extorsión, sustentados nada más que en el uso de la fuerza bruta como medida de presión.
Debemos entender que la necesidad de la gente por tener acceso al crédito no va a disminuir, solo cambiará donde se obtenga el mismo y ese lugar y sus facilitadores pueden estar muy lejos de ser cubiertos por la recién aprobada ley o cualquier otra.
