El trabajo de investigación realizado en La Hora sobre el promocionado Aeródromo San José, en Escuintla, muestra otro de los tantos negocios que siguen sin atisbo alguno de investigación, pese a las evidencias de malos manejos; en efecto, la obra se contrató hace dos años, en 2022, y de la misma se ha cancelado el 77 por ciento de los 522.9 millones, aunque quedan pendientes muchas partes vitales para hacer operativa la obra como una Terminal Aérea.
Con fotografías y videos que demuestran lo incompleto que está el proyecto, demostramos que falta mucho para que el mismo pueda ser realmente operativo para recibir tanto aviones de carga como de pasajeros en la que se presentó como un gran avance para la navegación aérea en el país. La empresa Carmor, “casualmente” la única oferente para la realización de la pista de aterrizaje, fue la contratada; según registros oficiales, desde el año 2005 a la fecha ha realizado negocios con el Estado por 808.7 millones, de los cuales 204 fueron durante los gobiernos de Berger, Colom, Pérez Molina y Jimmy Morales, mientras que recibió 604 millones durante el reinado de Giammattei y Martínez.
Desafortunadamente nadie se preocupa por averiguar, no digamos investigar, qué pasó con ese proyecto, qué le falta y cuánto tiempo se necesitará para hacerlo operativo. No digamos para averiguar si hubo pago de mordidas y cómo se trasladó el dinero recibido en las cuentas de las empresas a los beneficiarios del trinquete, porque ni la Intendencia de Verificación Especial ni, mucho menos, el Ministerio Público, tienen el menor interés por esclarecer otro de los tantos casos de la corrupción tan evidente que se dio en el gobierno de quien se confesó como “amigo” de la Fiscal Consuelo Porras.
Es una dolorosa realidad que para donde se vuelva la vista, se topará uno con negocios del mismo tipo porque la realización de todos ellos fue el exclusivo interés de esa pareja que, como tantas otras parejas funestas de nuestra historia, gobernó con poder absoluto para hacer micos y pericos con los recursos de los guatemaltecos. El deterioro de la infraestructura del país, así como de servicios esenciales como Salud, Educación y Seguridad, se puede ver por todos lados, siendo una de las razones para impedir inversiones y generar esa tremenda migración a la que se obliga a ciudadanos que no pueden encontrar más oportunidad en su propia tierra.
Y, tristemente, la solución no se puede siquiera vislumbrar porque sin un sistema de justicia eficiente y objetivo, que privilegie el imperio de la ley, no podremos salir del atolladero, toda vez que los operarios de la corrupción seguirán sintiendo el aliento de la impunidad que se respira por todos lados, acrecentando su influencia y poder en revancha contra un pueblo que otorgó un mandato para terminar con los vicios.
