Dados muchos antecedentes, hubo gran expectativa respecto al trato que daría la Corte de Constitucionalidad (CC) a los amparos presentados para prorrogar el período a los actuales magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no obstante que claramente fueron electos para terminar el período que vence este año. El panorama se enturbió con la denuncia de que el presidente de la CC había programado actividades “académicas” con cientos de abogados para favorecer a la planilla del Colegio de Abogados que se vincula con los intereses que persiguen preservar el control del sistema de justicia.
Sin embargo el rechazo categórico al Amparo interpuesto por un abogado que fue fiscal departamental del partido Vamos de Giammattei y Martínez, deja libre el camino para el cumplimiento de la ley y de resoluciones previas de la misma Corte (con otros magistrados) en cuanto a los plazos para la realización de nombramientos. En otras palabras, queda vigente la decisión contenida en el decreto del Congreso que eligió a los actuales juzgadores para completar el período que vence justamente este año y con ello se mantiene el proceso de postulaciones.
Los señalamientos contra el presidente de la CC en el sentido de montar eventos supuestamente académicos en medio del proceso para elegir a la planilla del Colegio de Abogados que representará al gremio en las Comisiones de Postulación mantiene, a pesar de todo, la incertidumbre respecto a lo que puede hacer la Corte en el futuro con relación a ese proceso vital para rescatar el Estado de Derecho en el país.
Porque no es secreto que la piedra angular del sistema de impunidad que se armó para impedir que puedan ser procesados los responsables de los mayores y más burdos actos de corrupción fue la captura de las Cortes, misma que empezó cuando se produjo el manoseo de las Comisiones de Postulación que fueron puestas al servicio de mafias con muy oscuros intereses. Esa situación es la que obliga ahora a la ciudadanía comprometida con el mandato popular para limpiar al país, a actuar de manera directa en la vigilancia de todo lo que está relacionado con la designación de los magistrados que deberán tomar posesión este año.
La importancia de esa decisión política que deberá tomar el Congreso, a partir de las listas que presenten las comisiones encargadas de postular a los aspirantes, es fundamental y de ello dependerá en gran medida el futuro del país y del mandato que los ciudadanos expresamos en las urnas en repudio a las oscuras prácticas que caracterizan el ejercicio de las funciones públicas.
De momento queda libre la vía para completar ese proceso, aunque no se pueden descartar nuevos contratiempos porque es obvio que la posibilidad de integrar Cortes con profesionales honestos aterra a muchos.
