Hoy el Congreso realizó una sesión solemne para conmemorar anticipadamente el aniversario de la fecha en que entró en vigencia la Constitución Política de la República de Guatemala que mañana cumple 39 años, rito que se cumple anualmente con bombos y platillos pero que en este momento demanda más que una celebración. Efectivamente, las maniobras realizadas para garantizar un régimen de impunidad para todos los que participan en la piñata que se hace con el erario público, significaron nada más y nada menos que la destrucción del Estado de Derecho ordenado por la Constitución.
La Carta Magna establece principios fundamentales que requieren, por fuerza, el verdadero imperio de la ley para que esa Ley Fundamental tenga algún sentido; baste ver que la misma empieza diciendo que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común” para entender que la perversión que se hizo de nuestro modelo político rompió con ese fin supremo porque en vez de trabajar por el bien común se trabaja para rellenar maletas como aquellas encontradas a un ministro que luego fue absuelto de cualquier crimen.
Por muchos discursos llenos de bonitos conceptos que se pronuncien, la Constitución no deja de estar seriamente mancillada, al punto de que hasta el órgano que creó la Carta Magna como último recurso para preservar la legalidad, la Corte de Constitucionalidad, también cayó en manos de operadores del sistema viciado. El sistema de justicia es el estandarte de la impunidad en vez de ser el garante de la legalidad y eso lo dice absolutamente todo.
El año pasado los guatemaltecos, hartos de tanta mañosería, decidieron emitir un sufragio que no era simplemente para elegir a un nuevo Presidente; en realidad fue un mandato claro e irrefutable, para cambiar ese modelo que nos está destruyendo y que hunde a la Nación en situaciones que, a pesar de nuestra dolorosa historia, nunca llegamos a imaginar. Por ello es que ahora, más que el cierre de vías para dejar a los diputados y funcionarios acceso libre al Congreso de la República, lo que se debiera estar haciendo es un denodado esfuerzo patriótico para salir de tan grave atolladero.
A cuatro meses y medio de la investidura del nuevo gobierno que recibió un mandato fuerte y claro, es triste reconocer que no hemos avanzado en la ruta de transformación ordenada por el pueblo; la fortaleza de las mafias contrasta con la debilidad de las nuevas autoridades que viven agobiadas por la insolente persistencia de los encubridores de la corrupción y promotores de la impunidad.
Ojalá podamos, algún día, celebrar de verdad el rescate del Estado de Derecho y del Orden Constitucional.
