Los efectos del cambio climático son el inicio de lo que nos viene en el mediano plazo. Estas drásticas consecuencias son producto de operaciones de enormes plantaciones de palma aceitera en Alta Verapaz, Petén, y otras regiones. Además del desvío de ríos y de explotación minera a nivel nacional.
Los gobiernos de turno –con el aval de los ministerios de Ambiente y Energía y Minas–, autorizaron descomunales proyectos de extracción minera, monocultivos, y de productos de exportación tradicionales como el azúcar y otros, abandonando procesos de conservación de los bienes naturales tales como los bosques, ríos, flora, fauna, tierra. Hoy Guatemala experimenta una oleada de temperaturas superiores a los 40 grados, contaminación ambiental, cambio de horarios en establecimientos educativos públicos y privados, suspensión de actividades al aire libre, y un intenso calor que no da tregua.
El Guatemala, la Iglesia Católica y algunas organizaciones ambientales han advertido sobre estos efectos catastróficos, sin embargo, los gobiernos han privilegiado la inversión en proyectos de explotación de los bienes naturales, y hoy, los 18 millones de guatemaltecos sufrimos las consecuencias.
Más de 80 incendios forestales en Petén, y en el monumento natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz; en el volcán de Agua, Sacatepéquez; así como los ciclos de sequía asociada al fenómeno de la “niña” con la consecuente escasez de alimentos, catastróficas inundaciones provocadas durante la temporada de invierno, presagian mayor angustia a los guatemaltecos.
Con la llegada del invierno muchas familias del interior de país están en riesgo. Es hora que el gobierno asuma su responsabilidad para mitigar esos efectos que provocan tragedias, dolor, llanto, destrucción a familias indígenas y campesinas en el área rural.
Los gobiernos municipales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Humanos, deben iniciar procesos de diálogo y mediación a fin de escuchar a las familias damnificadas que permitan mitigar los efectos producidos por el cambio climático.
El Ejecutivo debe anteponer el bienestar de la población, antes de los intereses que generan millonarias regalías a los industriales de la minería, monocultivos, y las industrias de productos de exportación tradicional.
Si no iniciamos programas de conservación y rescate de los bienes naturales la sociedad guatemalteca está condenada a sufrir la pérdida de agua, aire, bosques, flora y fauna, así como los escasos manantiales, ríos y lagos que aún podemos disfrutar.
Los habitantes de todas las regiones del país aportaremos nuestro grano de arena en el manejo de los desechos para evitar la escasez de alimentos, la suspensión de clases, enfermedades de la piel y de las vías respiratorias, el dengue y calor, entre otras, que nos azotan al igual que lo hizo la pandemia del covid-19, hace cuatro años.
