El presidente Bernardo Arévalo tomó la aplaudible decisión de destituir a María José Iturbide como titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por conducirse en contra de la ética y la transparencia en la cartera, reiterando el compromiso presidencial de mantener una tolerancia cero al mal uso de los recursos del Estado y a la corrupción.
La decisión fue dada a conocer el pasado domingo 7 de abril, mediante un comunicado oficial signado por el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica. Parece ser que la gota que derramó el vaso fue el uso indebido de personal, vehículos y recursos estatales para proteger a su hija, María Fernanda Iturbide, a quien supuestamente la habían seguido e intimidado hombres en motocicleta. Sin embargo, la supuesta amenazada siguió su vida habitual, plagada de superficialidades, y subiendo fotos e información a las redes sociales, demostrando no tener ninguna preocupación ni medidas cautelares, incluso evidenciando al personal que la protegía.
El Estado de Guatemala no deja desamparados a sus funcionarios ni a sus parientes cuando corren riesgos, pero existen protocolos para evaluar si el riesgo es real y asignar el personal y los recursos realmente necesarios, estableciendo un plan de seguridad idóneo. El Ministerio de Gobernación cuenta con un organismo especializado en esta materia, dotado de personal y recursos, que responde inmediatamente cuando es requerido por un funcionario, máxime si se trata de una ministra. La señora Iturbide se pasó todos estos procedimientos por el arco del triunfo, lo cual induce a pensar que el riesgo no era real, y ella le asignó personal, vehículos y recursos estatales a su hija, contraviniendo normas administrativas, y despreciando la ética y la transparencia que Bernardo Arévalo invoca como estandarte de su gobierno.
El incidente analizado justifica la destitución, pero no es la conducta más cuestionable de la exministra Iturbide, a quien le bastaron tres meses en el puesto para evidenciar su servilismo con la empresa minera Bluestone, dueña del proyecto Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa, el cual ha sido rechazado por la comunidad, mediante una Consulta Municipal de Vecinos.
El proyecto Cerro Blanco inició en 2007, gracias a licencias ilegales otorgadas por ministros que ahora están siendo procesados, perseguidos o están prófugos. Bluestone no pudo extraer mineral pues, en los túneles, se topó con fuentes de agua geotermal, de muy alta temperatura. Por esta razón, solicitó al MEM que le autorizara convertir el proyecto en una minera a cielo abierto, modalidad de explotación que desequilibraría y contaminaría la napa freática, el recurso hídrico y el caudal de la cuenca Ostúa-Guija–Lempa, con riesgo de provocar un conflicto binacional con El Salvador, al contaminar el Río Lempa, que abastece a 4 millones de salvadoreños.
Tal cambio de modalidad minera hubiera implicado realizar nuevos estudios de impacto ambiental, pero la empresa Bluestone se limitó a solicitar una “actualización” de tales estudios, figura que no existe en la legislación minera. Para complacer a los extractivistas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió un Acuerdo Ministerial, que contempla la denominada “actualización”, a pesar de que contraviene preceptos constitucionales. En un acto de última hora, que huele a corrupción, el gobierno de Giammattei autorizó la “actualización” el 9 de enero pasado. El nuevo gobierno ya anunció que Cerro Blanco está en estudio y que no tiene licencia de explotación.
La exministra Iturbide fue invitada al Congreso para discutir este grave asunto, pero se negó a asistir. Además, se negó a revocar de oficio la ilegal “actualización” otorgada a la minera, y luego adujo que se había vencido el plazo que la ley otorga para una revocatoria de oficio. En dos platos, Iturbide le dio continuidad a la política de Giammattei, y defendió la “actualización” otorgada a la minera, a pesar de que ella misma denunció que se habían perdido 800 folios del expediente.
Todos estos hechos evidencian que Iturbide actuó con premeditación, alevosía y ventaja, y se convirtió en la operadora política de la empresa minera Bluestone, seguramente confiando en que la compañía pagaría por sus servicios y corruptelas.
Por todo lo anterior le decimos adiós a la exministra María José Iturbide, a ver si la minera la ampara, porque no puede esperar nada de Guatemala ni del soberano Pueblo de Asunción Mita.
