El pasado miércoles se produjo el criminal atentado en contra de la Fiscal Miriam Reguero en la zona 9, provocando heridas a la funcionaria del Ministerio Público, así como la muerte de su madre, doña Miriam Sosa, y del agente del MP asignado para seguridad de la Fiscal, el señor Carlos González. La abogada Reguero ya había sufrido un atentado en octubre del año 2022, razón por la cual gozaba de la protección de un equipo de seguridad.
El Ministerio Público reaccionó rápidamente, junto a sus anónimos voceros en las redes sociales, condenando el hecho criminal, lo que hizo en general toda la ciudadanía en el país luego de observar las escenas terribles del momento en que se produjo el ataque en su contra. Sin embargo, han pasado ya tres días y el ente que tiene la responsabilidad de realizar la investigación de cualquier hecho criminal que se cometa en el país, no ha mostrado resultados avanzados, como no lo hizo tampoco con relación a ese atentado previo sufrido por la Fiscal Reguero en el 2022.
Se comparte con el Ministerio Público, sus autoridades y todo el personal, el sentimiento de pesar por un hecho de esta naturaleza que no solo tiene a una funcionaria en estado delicado, sino que costó la vida de su madre y de uno de sus guardaespaldas, también empleado del MP. Pero además de expresar su pesar, la Fiscalía General debió procurar a las dependencias especializadas para agilizar todas las investigaciones y dar con el paradero de los sicarios que perpetraron el hecho, sin olvidar a los autores intelectuales.
Hace algún tiempo comentamos la impunidad que prevalece respecto a muchos asesinatos que nunca son investigados, mucho menos sancionados, y citamos el ejemplo concreto del gerente y un destacado médico del hospital Herrera Llerandi, ambos ejecutados en hechos perpetrados al calco, sin que se haya dado algún resultado para dar con los responsables. Y si eso pasa con personalidades como la Fiscal Reguero o esos dos dirigentes de un reconocido centro hospitalario, ya nos podemos imaginar lo que ocurre con tanto ataque de extorsionistas o pandilleros en diferentes barrios del país.
Los voceros anónimos del MP tuvieron acceso con pasmosa rapidez a los videos sobre el crimen y destacaron que los atacantes usaban ropa y equipo parecido al de los agentes de la PNC y no dudaron en responsabilizar al gobierno de Bernardo Arévalo del ataque, aunque el mismo sea la secuela de otro perpetrado hace casi año y medio contra la misma fiscal y que, por supuesto, también quedó impune.
Por mandato legal, ese tipo de crímenes tiene que ser investigado por el Ministerio Público coordinando con expertos de las fuerzas de seguridad y no bastan pronunciamientos condenando el ataque, sino que el mismo debe ser esclarecido con prontitud y eficiencia.
