Para nadie es secreto el alto valor que los guatemaltecos debemos pagar por las medicinas en Guatemala. Ya sea que el Estado las adquiera o el ciudadano acuda a una farmacia, está documentado que tenemos precios altos en comparación con la región.
Esa ha sido una problemática para el ciudadano, pero un juego muy rentable para las autoridades de turno y quienes venden y distribuyen las medicinas porque se ha generado una perversa situación que afecta los bolsillos de unos mientras ha permitido engordar los de otros.
Gustavo Alejos reconoció que cuando ellos llegaron lograron “estandarizar” el negocio porque aquel que vendía tenía al Estado como comprador y se había logrado “democratizar” el enorme pastel.
En el gobierno pasado, personas muy cercanas a Miguel Martínez hicieron su agosto al punto que hasta fue necesario mandar de la presidencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a un abogado para que fuera el Subgerente encargado de ese tipo de compras.
Claro está que quienes están cerca del círculo del poder de turno salen más favorecidos, pero no son los únicos porque como dijimos antes, el pastel se ha agrandado de una manera especial.
Entender el fenómeno es complejo, sin duda, pero también vemos que hay situaciones no tan complejas de entender como aquella denuncia del representante de Farma Value que expresó que se le advirtió que en Guatemala había un acuerdo para que todos vendieran al mismo precio y así nadie quedaba mal.
Eso sin duda, debe atenderse porque en la medida en la que la gente esté más consciente de esas acciones que alteran artificialmente el mercado, tendrá más capacidad de reclamar e incidir para que esas malas prácticas vayan desapareciendo.
Eso requiere, en parte, de una ley que debe ser bien pensada, estudiada y analizada porque cualquier tema de Competencia una vez salga del ámbito administrativo pasa al sector judicial.
Por “muy independiente que llegue a ser el regulador”, no debemos olvidar que su palabra no será definitiva y caeremos al campo judicial, ese por el que se reunieron Miguel Martínez, Sandra Torres y Ángel Pineda en la que era oficina de la pareja de Giammattei.
Creo que en Guatemala no podemos hablar de temas de competencia si en paralelo no abordamos la realidad del control y secuestro de la justicia, hecho que ya lleva décadas y lejos de ser enfrentado ha sido perfeccionado por las mafias. Una Ley de Competencia necesita, de forma obligada, una reforma a la justicia.
Pero una decisión que podemos empezar a explorar y ejecutar de manera casi inmediata, es eliminar las barreras que la mafia hace con el tema de los registros sanitarios.
Si a alguien no le interesa que un competidor entre, basta con que controle el departamento de regulación para que nunca den el Registro Sanitario y usted ni se entera.
Por lo tanto, pensar en una medida que libere la importación y comercialización de productos solo con el hecho que el producto cuente con aprobación de las agencias de Estados Unidos y/o Europa, estaríamos dando en una buena parte de la nuca a esa mafia.
Creo que el Gobierno, concretamente el Ministro de Salud, debe atender una situación como esta a la brevedad para generar un debate ágil al respecto.
Este tipo de vicios tenía la gente en la mente cuando acudió a las urnas y por eso, no podemos seguir retrasando un tema tan importante o peor aún, vender la expectativa que solo con una Ley de Competencia podemos atacar los grandes vicios que obligan a los guatemaltecos a comprar más caras las medicinas.
