Crece la indignación del Pueblo: las mafias criminales, corruptas y golpistas siguen actuando ilegal e impunemente. Así ocurre con José Rubén Zamora, a quien un juez, que debiese ser investigado y sancionado por el Organismo Judicial por retrasos absurdos, mantiene en prisión; con Claudia González, cuyo caso el MP insiste en proseguir; y no digamos el olvidado César Montes, condenado a sus ochenta años a treinta de prisión por un crimen que no cometió. Algunas personas quieren pasar factura por estos hechos al gobierno de Arévalo. Se tratan en realidad de actos ilegales e inconstitucionales del Poder Judicial, que tiene candados por doquier y ninguna voluntad de hacer justicia. La ira ciudadana es justa; pero debemos apuntar las acciones a la depuración del sistema judicial. Éste debe de inmediato cambiar de rumbo o se desatará la “justicia popular”, como ocurrió, para daño de la misma población, con el fenómeno de los linchamientos.
El Poder Ejecutivo está actuando dentro del marco del poder que tiene. Felicitamos a la presidencia por rechazar los “alacranes” que las mafias enviaron en las ternas para gobernadores e instamos a igual voluntad para remover y nombrar a quienes corresponda al Poder Ejecutivo, incluido el personal del servicio diplomático. Esto podemos exigirle a Arévalo, al igual que utilizar la potestad constitucional de echar a Consuelo Porras, superando la infeliz Ley del MP, por sus grandes y evidentes faltas graves. Démosle el compás de espera necesario y estemos listos a salir a la calle para defender esta remoción. El mal mayor, sin embargo, es la CC (Porras es cero a la izquierda sin su apoyo), con diez granujas actuando como semidioses y violando la Constitución y resto de la legislación. Es cierto, podemos pedirles la renuncia –de hecho, insto a organizar protestas inmediatas por permitir y alentar el abuso en la USAC y de jueces- pero sin ética ni dignidad se aferrarán a su poder. Esperar al nombramiento de una nueva CC es dejar al país en las garras de la actual. Hay que extirpar el cáncer y reformar la Constitución para que deje de existir la CC. Será una señal histórica de su pésima actuación. ¡Vamos por la reforma constitucional que la elimine y por la inclusión del “artículo revocatorio”, para que ningún funcionario desacate la voluntad popular!
¿Podemos criticar al gobierno de Arévalo? Sí, por causa válida y justa, y por la vía apropiada, para evitar aumentar los intentos golpistas y el desánimo ciudadano. Tomemos dos ejemplos que atañen a los cuatro millones de connacionales en el extranjero. La inmensa mayoría de migrantes hemos pedido la desaparición del CONAMIGUA, ineficaz elefante blanco, y seguiremos afirmando esta posición como RPDG; pero entendemos que eso pasa por dejar sin efecto su ley constitutiva, potestad del Congreso. Hemos exigido también el distrito electoral 24, para abarcar a las y los guatemaltecos por el mundo, sin poner trabas por el número de diputados en el Congreso o el costo de darnos plenos derechos. Como ésta fue promesa de Semilla y Arévalo, privada y públicamente lo seguiremos exigiendo. ¡La crítica bien hecha es apoyo al gobierno!
