Ayer el presidente Bernardo Arévalo anunció, en el marco de actividades de la Comisión Contra la Corrupción, la formulación de un código de ética que regule la función pública para evitar los desmanes que se han venido dando desde hace años. Sin embargo, el problema estructural de fondo persiste, porque mientras no dispongamos de un sistema de justicia que deje de ser paraguas para proteger a todos los que saquean fondos públicos, ningún código de ética tendrá efectos positivos, toda vez que la impunidad es un gran aliciente para que siga funcionando el sistema cuidadosamente elaborado.
Ayer mismo la ministra de Comunicaciones informó que en cada gaveta que abren “hay una rata muerta”, explicando gráficamente los enormes niveles de podredumbre que marcaron el rumbo de esa dependencia durante tantos años, pero al momento el gobierno no ha presentado las denuncias correspondientes para forzar a la investigación de los hechos. Tampoco se conoce de alguna denuncia formal presentada por el gobierno en contra de los manejos que hizo Miguel Martínez, quien no goza de inmunidad, y sigue gozando de la protección de un Ministerio Público que, tristemente, si se ve cada vez más firme y fuerte en la defensa de la impunidad y la corrupción estatal.
Entendemos que no puede haber arrebatos, pero de alguna manera deben contrarrestar la eficiente ofensiva que realizan desde la fiscalía, no sólo para continuar con la persecución contra el oficialismo y las elecciones, sino para posicionar a la Fiscal, quien se luce en cuanto acto público pueda, publicando fotografías de su intensa actividad social. Mientras tanto, continúa la absoluta cobertura para impedir que se puedan conocer casos que involucren en la corrupción a los funcionarios del gobierno anterior y, principalmente, a quienes desde las más altas esferas realizaban y supervisaban todas las operaciones.
Hemos remachado hasta la necedad en el mandato que fue emitido en las urnas por los ciudadanos guatemaltecos hartos de tanto robo y desnaturalización de las funciones públicas, pero ese mandato está siendo relegado por una realidad terrible que nos muestra la fortaleza de quienes acumulan aliados, aunque sea mediante presiones como la que recibieron diputados que hoy se rasgan las vestiduras cuando tuvieron que regresar, bajo amenaza de ser procesados por casos que ellos sabían, a la sesión para remover el antejuicio a los magistrados del TSE.
Y es que aun los que quieren marcar distancia y entienden la dimensión del mandato popular se ven imposibilitados cuando tienen alguna cola que les puedan machucar y eso es otro de los ingredientes que explican la creciente fortaleza de un Ministerio Público cuyo proceder fue factor esencial en la generación de ese mandato popular.
