El acceso y el suministro de agua potable es fundamental para proteger la salud pública. Falta de acceso e interrupciones en el servicio de agua o su contaminación crónica, puede afectar negativamente la salud de la población y erosionar el presupuesto y la confianza pública en el sistema. Veamos el panorama actual lo que muestra a nivel nacional. Más de 10 millones anuales de enfermedades por contaminación de aguas y miles de muertes por igual causa, la mayoría de ellas evitables. Más de seis millones de consultas anuales en el MSPAS por problemas diarreicos que en buena parte tienen como origen la mala gestión de abastecimiento de agua y que obliga al fisco a erogar millones de quetzales en consultas y medicamentos que se podrían emplear con mejor efectividad, en el adecuado abastecimiento del agua.
Ignoramos a nivel de población general, pero en menores de cinco años, las hospitalizaciones por causa de patógenos adquiridos por agua supera el 20% que también cuesta al país millones. Qué como sucede esto: o bien los patógenos viajan libremente o estos forman biopelículas en el agua de abastecimiento domiciliar. Las biopelículas son comunidades microbianas que se adhieren a superficies húmedas (por ejemplo, tuberías de agua) y brindan protección y nutrientes para muchos tipos diferentes de patógenos. La biopelícula puede crecer cuando el agua se estanca o las cañerías se dañan. Además, en la actualidad los patógenos de las biopelículas son difíciles de controlar, debido a su resistencia a los procesos de tratamiento del agua.
Los factores que contribuyen a los brotes por enfermedades entéricas se cuentan por docenas, más no nos perdamos, es la forma de gestionar el agua el principal factor y eso a su vez producto de otros tantos factores:
Contaminación por piedra caliza o roca fisurada, construcción o ubicación inadecuada de un pozo o manantial, inundaciones o lluvias intensas, contaminación de aguas por manejo indebido agropecuario; pero también lo son la mala desinfección y la falta de filtración. La vigilancia de la salud pública y otros programas de prevención, según la ley, deben apoyar el tratamiento del agua, las regulaciones y las prácticas de gestión del agua en hogares y comunidades y se establece que son las municipalidades y el MSPAS, los responsables de ello. Investigar y poder informar voluntariamente sobre brotes de enfermedades transmitidas por el agua, por los servicios locales de salud, es una obligación a la que no se le da cumplimiento a cabalidad. Tampoco se informa por las autoridades ministeriales o municipales, a la prensa y a las comunidades, de anomalías existentes dentro de la gestión del agua y por consiguiente la denuncia por corrección a fallas en el sistema municipal no se realiza. Tampoco el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), aún no debidamente estructurado, informa a los niveles que debiera y como debiera, sobre los brotes de enfermedades entéricas y ello a pesar de que se han de producir por cientos y entonces se pierden controles y acciones que podrían limitar los daños y ello se constituye en otra fuente de pérdida millonaria posible de evitar.
No cabe duda de a dónde deben apuntar las políticas y planes de salud institucionales y municipales: El manejo adecuado del agua potable, el cumplimiento de las regulaciones de producción y gestión del agua y su distribución equitativa correcta a la par de la vigilancia, asesoramiento y supervisión. Ellas constituyen la principal arma para reducir el riesgo de exposición a patógenos, químicos y contaminantes del agua domiciliar y con ello evitar gastos innecesarios y millonarios al SNS.
