POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Guatemala mantiene un «alarmante» grado de casos de desnutrición crónica pese a la implementación del Pacto Hambre Cero (PH0) ya que este programa responde principalmente al clientelismo político, según un informe presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH). Otros factores que elevan la prevalencia de este flagelo son el crecimiento de los monocultivos y la deficiente prestación de los servicios de salud.
Esta mañana, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque y Alberto Brunori, representante para Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentaron el monitoreo realizado en conjunto de las Políticas Públicas para el cumplimiento del Derecho a la Alimentación en el país.
La labor de supervisión y observación de ambas entidades duró año y medio en 19 municipios, de ocho departamentos, entre éstos Santa Rosa, Escuintla, Quetzaltenango, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, Guatemala y Chiquimula, y se concentró principalmente en los programas vinculados a la implementación del Pacto Hambre Cero (PH0), proyecto gubernamental impulsado desde 2012 para disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en el país.
En ese contexto, detectaron que las diferencias políticas partidarias imposibilitaron la coordinación de la institucionalidad pública en las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, (Comusan) que se encarga de llevar a la población que históricamente no ha tenido acceso a una alimentación segura, sana y adecuada, las acciones del PH0.
Asimismo, dieron a conocer los efectos de los monocultivos (azúcar, café y aceite) sobre el derecho a la alimentación, ya que de la superficie total de explotaciones agropecuarias a nivel nacional, la superficie con cultivos permanentes aumentó un 40 por ciento en los últimos 10 años (82 mil 695 hectáreas en promedio); en cambio, la superficie de los cultivos anuales (maíz, frijol y otros granos comestibles), disminuyó en 525 mil 567 hectáreas de 2004 a 2014.
Por último, lamentaron la falta de presupuesto y de la institucionalización de los servicios de salud en el primer nivel de atención, indicando que para 2014, la cobertura del Programa de Extensión de Cobertura (PEC) era de 6 millones de personas aproximadamente, quienes se beneficiaban de acciones de atención primaria en salud, con énfasis en la prevención, control de problemas prioritarios y la atención a los grupos más vulnerables; aspectos enmarcados en la Ventana de los Mil Días para reducir la desnutrición.
Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública rescindió este año más de 70 contratos con organizaciones no gubernamentales que prestaban esta asistencia a las comunidades rurales del país, agravando los problemas en la red hospitalaria nacional ante la crisis financiera del Estado.
De acuerdo a estimaciones de la PDH y OACNUDH, el 49.8 por ciento de los menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y no existe una estrategia unificada en el Estado para erradicar este flagelo, poniendo en riesgo a la población altamente propensa a la inseguridad alimentaria y aumentando las posibilidades de una mayor incidencia de la desnutrición aguda en los próximos meses.
Principales hallazgos del informe
Obstáculos a la implementación de los programas vinculados al PH0 por clientelismo político.
Poca cobertura e impacto de la focalización geográfica y grupo objetivo del PH0.
Efectos negativos de los monocultivos sobre el derecho a la alimentación.
No prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención debido a falta de presupuesto e institucionalización.
Falta de enfoque de derechos humanos en el PH0 y su implementación.
