La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia, denunció la noche del pasado lunes 26 de febrero, por medio de su cuenta en la red social X, la falta de garantías en el sector justicia para regresar a Guatemala, ante la ofensiva del Ministerio Público (MP) en su contra, que incluyó acciones de la Novena Legislatura, afín al gobierno de Alejandro Giammattei, la cual le retiró el derecho de antejuici a ella y tres de sus compañeros.
Sobre Palencia pesa un portafolio de antejuicios que el MP, de la Fiscal General, María Consuelo Porras, emprendió luego de que defendiera el resultado de las elecciones generales 2023, evento que le dio la victoria al ahora presidente, Bernardo Arévalo, ante los intentos de un «Golpe de Estado» perpetrado por el investigador, según denuncias del propio mandatario tras haber sido declarado como electo.
En tendencia:
CC SIN RESOLVER
Los pedidos de retiro de inmunidad alcanzan a otros tres magistrados del TSE. El 30 de noviembre del año pasado, cerca de la medianoche, el Congreso, con 108 votos de diputados, decidió desaforarla en el primer caso por el cual se accionó legalmente en su contra.
Para los congresistas, dicha acción les costó una sanción de Estados Unidos. Todos tienen prohibido el ingreso a ese país por «socavar la democracia».
Palencia indicó que el más alto tribunal de Guatemala sigue sin resolver su situación desde diciembre pasado. «Se presentaron acciones ante la Corte de Constitucionalidad y siguen el camino tortuoso de falta de resolución, pese a las violaciones denunciadas, sin remedio se iniciaron las pesquisas en un juzgado del ramo penal», indicó.
Asimismo, la magistrada explicó sobre su situación fuera del país y refirió que ese mismo diciembre los cuatro magistrados solicitaron una licencia laboral para ausentarse, posterior vinieron las vacaciones generales de fin de año y se sumaron vacaciones pendientes «con la finalidad de tener un tiempo para la familia después de un proceso electoral intenso y exitoso 2023, que culminó con eficiencia y transparencia».
MANIOBRAS DEL MP
Palencia, quien presidió el TSE durante los comicios recién pasados, es señalada por el MP de supuestamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad y fraude. Mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas supuestamente incurrieron en fraude.
De acuerdo con los señalamientos, todos habrían aprobado la compra sobrevalorada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Luego de que el Congreso diera luz verde al MP para investigarlos y judicializar el proceso, Palencia detalló que los cuatro funcionarios se pusieron a disposición del Juzgado Duodécimo Penal, a cargo de la jueza Wendy Coloma, con el fin de aclarar su situación jurídica y no ser detenidos por orden judicial.
Sin embargo, la Fiscalía de Delitos Administrativos recurrió con un juez Penal de Turno para solicitar una orden de aprehensión en contra de los cuatro magistrados y este accedió. Luego, logró apartar a la jueza Coloma del proceso por medio de una recusación. Dichas acciones fueron calificadas como ilegales por varios sectores.
«La sorpresa fue que, en horas de la madrugada del día siguiente, el MP tramitó órdenes de aprehensión en contra de los cuatro magistrados, en un juzgado de turno y no ante el juez natural (que conoció de existencia de las mismas 8 días después de su emisión), posterior a lo cual el MP la recusó como parte de sus maniobras y prácticas, y actualmente conoce otra juez; sin embargo, sigue sistemáticamente el estado de indefensión», señaló.
La magistrada Palencia subtrayó que «es inminente tener garantías en condiciones dignas de justicia y seguridad para volver al país, a aclarar ante la justicia, lo que exista en contra, y al mismo tiempo a ejercer sin demora en condiciones dignas y de libertad el cargo de magistrada sin limitación alguna».
Las dudosas maniobras del Ministerio Público contra los magistrados del TSE
ARREMETIDA GOLPISTA CONTINÚA
Palencia estuvo al frente del TSE durante los comicios y en su publicación aseguró que las elecciones generales 2023 se llevaron a cabo con integridad, pese a la arremetida de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en contra de los resultados y el órgano electoral, acciones que les valieron sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá a fiscales y un juez penal.
«Pese a los allanamientos espurios, acoso, seguimiento, amenazas, campañas mediáticas de descrédito, desinformación, a la dignidad, honor, honra, persecución jurídica y política, sigue la feroz instrumentalización con apariencia de legalidad de acciones -sin tregua- del MP y de un grupo de personajes que no aceptan que fueron derrotados en las urnas», apuntó.
Además, indicó que estos personajes «persisten en buscar a toda costa privar de libertad a los magistrados, para confirmar su tesis golpista, con la intención de que, sin importar el tiempo trascurrido, las elecciones sean deslegitimadas y con la judicialización de la política, dejar sin efecto los resultados electorales, por inverosímil que parezca».
«Eso sería la pieza que justifique lo injustificable, la conspiración y persecución de que soy víctima, increíble e inaceptable después del rol trascendental que se desempeñó y siendo magistrada del máximo órgano electoral, me encuentro en una situación de indefensión, olvidada, relegada e invisibilizada, acosada, sin importar el rango y estatus que hemos representado para el país, sin darle el valor y la importancia que merece y lo que esta situación de persistir puede representar», apuntó Palencia.
El pasado 13 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la magistrada Palencia, derivado de amenazas que atentan contra su vida y ante la falta de garantía y protección en su país, tuvo que buscar una protección internacional.
Otras Noticias:
