Estuardo Gamalero
“Para que nadie pueda abusar del Poder, es necesario conseguir, mediante la adecuada ordenación de las cosas, que el Poder frene al Poder.”
Montesquieu
El principio de separación de poderes está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 141: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.
El anterior esquema se sustenta en los cimientos del Estado de Derecho, la supremacía constitucional, el sometimiento de todas las personas al imperio de ley, la alternabilidad del Poder, el balance y la independencia de los tres organismos del Estado.
El Estado y las funciones básicas de sus tres Organismos se estructuran así: Legislativo: Aprobar y derogar leyes. Ejecutivo: Gobernar y administrar los recursos de la Nación. Judicial: Juzgar y velar por la ejecución de la ley y todo lo juzgado.
Si bien este 25 de octubre los guatemaltecos decidiremos quién será el próximo Jefe de la Nación: el Presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas y toda la fuerza pública, en mi opinión, el actor político de mayor peso e importancia durante los próximos cuatro años, será el Congreso de la República y los ciento cincuenta y ocho (158) diputados. Digo lo anterior, pues quien quiera que sea la, o el nuevo Presidente de la República, gobernará sobre un piso de cristal fragmentado y sujeto al escrutinio permanente de: una mejor ciudadanía, los sectores organizados, los nuevos y buenos funcionarios públicos y también de una comunidad internacional que parecería va entendiendo los problemas reales del país. Aquella tolerancia por conveniencia e inagotable de los chapines, es ahora un polvorín de mecha corta: muy corta.
Los nuevos diputados, como representantes del pueblo, tendrán la oportunidad de actuar como reales contralores del Ejecutivo. Pero sobre todo, de reivindicar la conducta y vicios de aquellos lobos y contratistas del Estado que se han escondido en sus curules. Sin embargo, también se enfrentarán a la amenaza del contagio por arrogancia, servilismo y componendas que el pueblo ha identificado como falta de capacidad y honorabilidad de ésta y las pasadas legislaturas.
La depuración del Congreso de la República es vital y ya no puede esperar. Es el siguiente paso lógico en la cruzada en contra de la corrupción. A la presente fecha, existen dos situaciones que afectan la credibilidad del futuro Organismo Legislativo y cuestionan los filtros del sistema político-electoral. Me refiero a: I) Los diputados nuevos y reelectos que figuran inscritos como Contratistas del Estado, lo cual estaba y está terminantemente prohibido tanto por la Constitución Política como por la Ley de Contrataciones; II) Los diputados que tienen procesos de antejuicio abiertos, cuyos antecedentes son de conocimiento público y varios de ellos incluso fueron engavetados por las autoridades de éste y el anterior gobierno.
Es triste reconocerlo, pero Guatemala está plagada de funcionarios públicos que operan como fusibles al servicio de los intereses de quienes les nombran. Funcionarios oportunistas que huelen y se acercan a quienes ostentan el Poder. Funcionarios que entraron de naranja, probaron el rojo y ahora escogen transitoriamente entre el nuevo verde y el azul marino. Funcionarios “tutti-frutti”.
La sumisión política es un cáncer que se puede identificar como la falta de independencia. Como el conjunto de órdenes y decisiones que la, o las personas que ejercen alguno de los poderes del Estado, imponen por la fuerza, con arrogancia y sin cuestionar la viabilidad, la lógica o legalidad de las mismas.
La Separación de Poderes es un pilar fundamental en el balance de frenos y contrapesos de cualquier República. Guatemala por lo tanto no debe ser la excepción en cuanto al funcionamiento de los tres organismos. En la actualidad de varios países latinoamericanos, las componendas políticas entre los tres organismos del Estado han sido la orden del día y prueba de ello son los Dictadores disfrazados, que con sobornos millonarios apaciguan a los diputados y a los jueces, para modificar a conveniencia: las Constituciones, los sistemas tributarios, las leyes electorales, la expropiación de bienes, el nombramiento de funcionarios y la limitación de las libertades de la persona humana, todo lo anterior para hacer del Estado un negocio y perpetuarse en el Poder.
Resultados de la sumisión política pueden ser: las expropiaciones en medios de producción, el ataque sistemático a la economía de mercado, libertad de industria, libertad de Prensa, el incremento de políticas sociales insostenibles que supuestamente favorecen a los más necesitados y el exceso de legislación que cada día debilita más a la sociedad civil y robustece a la élite política de turno.
Confiamos en que Guatemala continuará saliendo adelante, pero lo más importante es que no abandonemos nuestra fiscalización al Congreso y a todos los funcionarios públicos durante los próximos cuatro años.
