ATENAS
Agencia/AP
El gobierno izquierdista de Grecia informó hoy que está inmerso en una «dura batalla» con sus acreedores en relación a su exigencia de reducir las protecciones a los deudores hipotecarios.
Un considerable aumento en la cartera vencida hipotecaria debido a la crisis financiera surgió como tema clave en el rescate financiero del país. Los acreedores piden facilitar el embargo de propiedades para que los bancos puedan liberarse de dichos préstamos, mientras que el gobierno se preocupa del desalojo de demasiadas personas.
El ministro de Finanzas Euclid Tsakalotos y varios miembros del Gabinete se reunieron con representantes del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Discutieron los recortes de gastos, aumentos de impuestos y reformas económicas aprobadas hasta el momento por Atenas como parte de su nuevo acuerdo de rescate —de 86.000 millones de euros en tres años— acordado en agosto.
Además, el gobierno prometió revisar el problemático sistema de pensiones del país y abordar el tema de los créditos improductivos como parte de una larga lista de demandas de los acreedores a cambio de poder continuar con el rescate financiero y acceso a fondos de rescate bancarios para el final del año.
Impulsados por un aumento en pobreza y desempleo, la cartera vencida aumentó de 4,6% del total en el 2007 a 34,2% hacia finales del año pasado, de acuerdo con el Banco de Grecia, con los préstamos hipotecarios rondando el 30%.
Los deudores de hipotecas con ingresos bajos y medios fueron protegidos del desalojo durante la crisis en aquellas propiedades primarias valoradas por debajo de los 250.000 euros (285.000 dólares).
Olga Gerovasili, vocera del gobierno, dijo que las negociaciones están enfocadas en fijar un nivel más bajo.
«Es un tema importante que nos tiene en una batalla seria. De forma constante hemos enfatizado que estamos comprometidos con proteger los hogares primarios», comentó en la radio oficial.
No mencionó los reportes de la prensa oficial de que el gobierno buscaba un nuevo límite de protección de 200.000 euros, mientras que los acreedores quieren que el límite esté por debajo de los 100.000 euros.
El gobierno, reelegido el mes pasado en unas elecciones generales anticipadas provocadas por el descontento generado por el rescate, debe realizar reformas para recuperar su economía y mejorar sus finanzas públicas.
