En el proceso de extender el control de todo el aparato del Estado para fines perversos, es un hecho que donde menos esfuerzo tuvieron que hacer fue en la Contraloría General de Cuentas de la Nación porque la misma la crearon para ser inútil e inoperante, al punto de que en Guatemala no hay realmente una correcta fiscalización de los usos del dinero del Estado. La mayoría de veces llegan cuando ya se han robado las “vacas”.
Sin embargo, dentro de una auténtica lucha por la transparencia y en contra de la corrupción la Contraloría tiene que jugar un papel fundamental para realmente auditar el uso de todos los fondos públicos y ser parte proactiva para evitar las malas prácticas con las que nos encontramos en estos momentos.
Nos hemos centrado mucho en las carencias que tenemos en la investigación penal para sancionar a los que usan y han usado el poder para llenar maletas (como las de Benito) y las facilidades que eso implica para que persista el enriquecimiento ilícito que se produce con terribles consecuencias para la ciudadanía. Pero en la Contraloría, que debiera ser pilar fundamental de la transparencia, nadie ha tenido visión de país porque a lo largo de la historia ha servido más como tapadera que como instrumento de fiscalización, papel que le asigna la misma Constitución Política de la República.
Por mandato constitucional, el Contralor debe ser escogido por el Congreso de la República de una lista elaborada por la Comisión de Postulación específica y ese mecanismo no se puede cambiar. Sin embargo, la ley específica de la Contraloría de Cuentas puede sufrir modificaciones para hacerla eficiente y que cumpla la función que le asigna la Carta Magna.
Entendiendo que el país tiene que enderezar el rumbo hay que darle a la Contraloría una función de mayor eficiencia y por ello el gobierno debiera pedir al Contralor que en un plazo breve, no mayor a unos dos meses, se presente una iniciativa para hacer que la institución realmente cumpla con las funciones de fiscalización que se le asignan pero que nunca ha cumplido a cabalidad. Es en realidad necesario entender que no se trata de hacer chapuces sino de implementar una ley que deberá aprobar el Congreso para garantizar que hasta el último centavo que gaste cualquier dependencia del Estado sea debidamente fiscalizado para evitar ese tremendo despilfarro que se hace por todos lados.
El aparato estatal ha crecido considerablemente en los últimos años sin que su eficiencia avance; al contrario, cada día es mayor el abandono de las principales obligaciones del Estado porque llegamos a un punto en el que el servicio al público vale poco. Y así como es urgente rescatar al Ministerio Público para que cumpla sus obligaciones legales y deje de estar encubriendo la corrupción, es necesario crear una verdadera Contraloría que se ocupe de fiscalizar el uso de los recursos del Estado.
