El lunes 5 de febrero el Presidente Arévalo tomó la decisión de sustituir al señor Francis Argueta, ahora exdirector de Aeronáutica Civil, quien tuvo una desastrosa gestión al frente de dicha dependencia.
Solo un mentecato como Jimmy Morales lo pudo haber nombrado y un cretino como Alejandro Giammattei pudo mantener a semejante incompetente durante cuatro años en su puesto. Es obvio que su nombramiento no correspondió a criterios técnicos. Más bien, fueron de otra índole, afines a toda la podredumbre a la que se dedicaron durante el pasado cuatrienio el expresidente Giammattei y su pareja, y que sus alfiles en el Ministerio Público les han tapado con tanto ahínco.
Cualquier persona que ha viajado por aire puede constatar el deplorable estado en el que se encuentra el Aeropuerto Internacional La Aurora. La iluminación es deficiente, los baños se mantienen sucios y encima no funcionan, al igual que los elevadores para uso de las personas de la tercera edad y las gradas eléctricas. Llegó el colmo de que, debido a un corte de energía eléctrica en la red pública, el aeropuerto quedó sin funcionar porque simple y llanamente no funcionaba la planta de emergencia. Una debacle total.
El reto para el próximo gobierno es mayúsculo, porque debe rescatar la seguridad y funcionalidad de un aeropuerto colapsado en el cortísimo plazo. Es una tarea que no puede esperar. Además, la auditoría de todas y cada una de las compras y contrataciones que hiciera la administración anterior es obligada, así como las denuncias del caso al encontrar actos de corrupción, que seguramente los habrá. También se debe investigar si las instalaciones del aeropuerto, por medio de las migraciones y aduanas “privadas”, han servido para sacar dinero en efectivo del país o para realizar otros ilícitos.
El equipo que estará a cargo de la administración del aeropuerto debe elegirse en base a criterios eminentemente técnicos, no políticos. Leí una columna del señor Enrique Beltranena, en el medio Prensa Libre, en la que destacaba la importancia que tiene separar las funciones de regulación y de administración (hoy fusionadas en la Dirección General de Aeronáutica Civil), argumento con el que coincido plenamente. La DGAC debe continuar como un ente regulador de carácter eminentemente técnico, y se deben concesionar los distintos servicios de la administración aeroportuaria, tal como se hace en los aeropuertos del primer mundo.
Nótese, por favor, que concesionar servicios es una acción muy diferente que privatizar un bien público (como lo es el aeropuerto o la autopista de Palín a Escuintla). La concesión de servicios consiste dar a entidades previamente calificadas y con la debida experiencia el manejo y administración de un servicio determinado, pagándoles por ello o permitiéndoles cobrar un usufructo sobre el mismo. Para esto, obviamente, se requiere una normativa que detalle con claridad los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas, que incluyen al gobierno (que da la concesión, a la empresa concesionaria, así como a los empleados, los usuarios, los proveedores e incluso los vecinos. El posterior contrato de concesión se realiza en base a este marco regulatorio.
Recuperar la seguridad y la funcionalidad del aeropuerto La Aurora son las principales tareas a corto plazo que tiene el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La puerta por la ingresan la inmensa mayoría de los turistas que visitan nuestra Guatemala no puede ser el mamarracho que Giammattei y Argueta dejaron al salir de sus cargos.
