El 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos mayas Quiché, acompañados de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ocuparon pacíficamente la legación diplomática española acreditada en Guatemala, con el propósito de atraer la atención nacional e internacional y denunciar la barbarie que el ejército guatemalteco cometía contra la población indígena Ixil, en el departamento de Quiché al noroccidente del territorio guatemalteco.
Al conocerse la ocupación de la Embajada, el Gobierno guatemalteco ordenó a la antigua Policía Nacional (PN) desalojar al grupo campesino, desoyendo las peticiones reiteradas del embajador español Máximo Cajal de que se retiraran para buscar una solución pacífica mediante el diálogo. Luego de la acción brutal de la PN, el Gobierno español de Adolfo Suárez rompió relaciones diplomáticas con Guatemala. Estas fueron restablecidas hasta 1985.
Este 2024 se cumplen cuarenta y cuatro años (1980-2024) del incendio provocado por la PN en la sede de la citada Embajada. Las fuerzas de seguridad de la dictadura militar de turno, del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), vulneraron el derecho internacional, no respetaron la inmunidad y extraterritorialidad diplomática, invadieron dicha representación con lujo de fuerza y violencia irracional. El abusivo operativo policial dejó un saldo de 37 personas carbonizadas por el fuego iniciado por los policías.
En aquel tiempo, en Guatemala estaba en auge la resistencia armada y debido a la polarización social existente, cualquier acto, expresión o acción de personas, grupos, organizaciones o instituciones que se interpretara como opositor al régimen, se consideraba sedicioso. Ante un posible triunfo de los insurrectos, el ejército diseñó una ofensiva militar sin precedentes, eran habituales y constantes las políticas de tierra arrasada, masacres, genocidio, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles, degradantes, inhumanos, desaparición forzada o involuntaria, que causaron miles de víctimas.
Es pertinente recordar que en esos años había un mundo bipolar, dos potencias mundiales disidentes (Estados Unidos y la ex Unión Soviética) se disputaban el dominio del planeta, estaba vigente la Guerra Fría, las políticas anticomunistas contrainsurgentes. La estrategia imperialista estadounidense en América Latina, estaba dirigida a contener lo que llamaron “el avance del comunismo”.
Por esta masacre fueron acusados: Donaldo Álvarez Ruiz, exministro de Gobernación del Gobierno de Lucas García, quien hasta la fecha continúa prófugo e impune; el coronel Germán Chupina, exdirector de la PN, el general Óscar Mejía Víctores, ya fallecidos y Pedro García Arredondo, exjefe del desaparecido y temido Comando Seis de la PN. La justicia no se hizo esperar y el 19 de enero de 2015, el Tribunal B de Mayor Riesgo, condenó a 90 años de prisión a García Arredondo, encontrado culpable de la masacre. También, declarado culpable de la ejecución extrajudicial de dos universitarios que participaban en las honras fúnebres de los inmolados en el incendio de la Embajada.
Entre las víctimas mortales hubo dos altos exfuncionarios guatemaltecos, el exvicepresidente, Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller, Adolfo Molina Orantes, que ese día estaban de visita en dicha sede. También tres funcionarios españoles, el cónsul Jaime Ruíz del Árbol, Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa.
Las víctimas campesinas y estudiantiles fueron: Vicente Menchú, (padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú), Juan Chic Hernández, Gabina Morán Chupé, María Pinula Lux, Regina Pol Juy, María Ramírez Anay, Antonia Ramírez Anay, Mateo Sic Chen, Mateo Sis, Juan Tomás Lux, Francisco Tum Castro, Gaspar Vivi, Juan Us Chic, José Ángel Xoná Gómez, Juan López Yac, Gregorio Yuja Xoná, Mateo López Calvo, Juan José Yos, Francisco Chen Tecú, Salomón Tabico Zapeta, Edgar Rodolfo Negreros Straube, Leopoldo Pineda, Luis Antonio Ramírez Paz, Sonia Magali Welches Hernández, Lucrecia Anleu, Lucrecia de Avilés, Mary de Barillas, Nora Mena Aceituno, Miriam Rodríguez, Fernando Antonio García Rac y Trinidad Gómez Hernández.
44 años después está viva la memoria histórica para honrar a las víctimas, combatir la impunidad y asegurar la garantía de no repetición.
