Pocos temas se manejan con criterios tan hipócritas como el de la soberanía que se esgrime a conveniencia, siendo parte crucial de la polarización existente en esta sociedad, donde ahora quienes aplaudieron la intervención en el pasado se llenan la boca protestando contra las “intromisiones” de Estados Unidos con las sanciones a los operarios de la corrupción, que son dictadas en el marco de la Ley Magnitsky y la lista Engel.
Lo patético de los argumentos queda demostrado con la reciente publicación del libro del periodista Jonathan Blitzer, “Everyone Who Is Gone Is Here” (Todo el que se fue está aquí), en el que relata cómo fue la negociación entre Guatemala y Estados Unidos por el tema del Tercer País Seguro. Queda claro que los ahora “soberanistas”, Enrique Degenhart y Sandra Jovel, dijeron que tenían órdenes de Jimmy Morales para entregarle a Trump nuestras fronteras para ayudarlo políticamente, a cambio de que se hiciera de la vista gorda de los esfuerzos por asegurar impunidad. Le pidieron a los funcionarios de Estados Unidos que ante la oposición de grupos al tema del tercer país seguro anunciara sanciones severas para asustarlos y alinearlos a puro tubo.
Quienes dicen que con Donald Trump las cosas serán diferentes no tienen idea de la realidad de cómo funciona el expresidente. Trump es transaccional y opera en donde siente que saca ventaja buscando su propia conveniencia. Por ello repite y repite que nuestros migrantes, los que aportan a la economía de este país y se cansaron de no poder aspirar a un servicio eficiente de salud, por ejemplo, son todos criminales y los califica como asesinos, ladrones y violadores, explotando su presencia en Estados Unidos para ganar votos de su base que ve en el racismo una de sus principales armas.
El tema de la corrupción global tiene que ser abordado por todos los países porque sus efectos son terribles. En el caso de Guatemala una de las consecuencias directas del saqueo de fondos públicos es el abandono de las funciones esenciales del Estado, generando no solo muertes por desnutrición e ineficiencias en salud, sino la ausencia de un verdadero Estado de Derecho.
La comunidad internacional vio con preocupación la forma en que las mafias de la corrupción llegaron al extremo de querer anular la voluntad popular y sabiendo las consecuencias de esas acciones, procedieron a aplicar sanciones. No fue únicamente Estados Unidos, sino muchos países repudiaron esas prácticas y ofrecieron sanciones porque en el mundo, los que no operan bajo las reglas en cualquier país, deben irse sintiendo aislados.
