El pacto de corruptos de la 9ª legislatura, ha iniciado un bloqueado a la nueva Junta Directiva del Congreso, conformada por varias corrientes políticas que se aliaron, derrotando a los diputados del expartido oficial Vamos y sus aliados, promoviendo acciones en la Corte de Constitucionalidad, con el argumento espurio que los diputados del partido hoy oficial Semilla, no pueden integrar puestos en la directiva, jefes de bloque, comisiones y fueron declarados “independientes”, por la resolución que dictó un juez penal y no el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que por ley, tiene la facultad constitucional, de suspender o cancelar una institución de derecho público.
Ese entrampamiento en el Congreso, no ha permitido avanzar la nueva Directiva, al impugnar los proyectos que por años engavetó la junta directiva que presidieron los diputados del expartido oficial Vamos y sus aliados Allan Rodríguez Reyes y Shirley Rivera, que pagaron sobornos, dieron dádivas y otros beneficios a los congresistas, con instrucciones y amenazas del expresidente Giammattei. Los golpistas promovieron acciones en la Corte de Constitucionalidad, petición que se asoció a una entidad de terror que ha sembrado pánico, no siendo parte, se asocia con los corruptos con acciones espurias.
La nueva Junta Directiva del Congreso, según lo manifestado por su presidente Nery Abilio Ramos, es romper el viejo esquema corrupto que por años ha tenido el Congreso, desengavetar los proyectos que están archivados: beneficiar a las clases pasivas, jubilados y cumplir con la resolución de la CC que ordenó que en un mes elijan a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, para llenar las vacantes de los titulares, que deben enfrentar procesos judiciales y obligados que en marzo próximo abran la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados.
La acción de los diputados golpistas tiene una justificación clara: con el gobierno de Bernardo Arévalo, se les terminó la fiesta de la corrupción y tienen vedado recibir sobornos, plazas fantasma para sus allegados y temen que si se les descubre acciones ilegales, pueden ser denunciados en el Ministerio Público, perder su inmunidad e irse presos y actuar en aras del pueblo, que por ley son sus representantes y que ese pueblo les exigirá que cumplan con lo que dice la Constitución. De no hacerlo, se les puede pedir la renuncia y despertar la inconformidad de los grupos ancestrales, que en el pasado proceso electoral, jugaron un digno papel, al no permitir las acciones ilegales, de jueces y fiscales.
Claro que es difícil la labor del Congreso, conformado por grupos políticos de diferentes corrientes ideológicas y la Corte de Constitucionalidad, debe cumplir con el rol que le asigna la Constitución, no ser aliada de los corruptos y dictar resoluciones que estén encuadradas a derecho y garantes que se debe cumplir con lo que asienta la Carta Magna. De lo contrario las protestas del pueblo y los grupos ancestrales pueden y están obligados a monitorear lo bueno y lo malo que puedan hacer y ahora el pueblo ha despertado y tiene clara consciencia que poco tiempo, cuatro años de gobierno, los remiendos y la corrupción llevarán mucho tiempo y será la historia que se encargará de juzgar y condenar a los corruptos de siempre, porque la fiesta ahora se les terminó.
