Terminó la pesadilla. Terminaron el berrinche y las pataletas de Ali Babá Giammattei y sus cuarenta ladrones. Terminó el calvario de los seis meses de “pseudoguerra legal” de los esbirros del MP contra Semilla y el binomio electo. Guatemala entera debe sentirse tranquila ahora que tenemos un gobierno de gente decente y honorable. Como hicimos ver en artículos anteriores el golpe estaba condenado al fracaso no solo porque era oponerse a la voluntad del verdadero soberano en toda democracia (el pueblo, que otorgó el triunfo a Bernardo Arévalo en el balotaje de agosto pasado con dos millones y medio de votos) sino también porque los conspiradores nunca contaron con el apoyo de las fuerzas armadas y debieron enfrentar el repudio de la comunidad internacional. Pero como estos grupúsculos delincuenciales se aferraban testarudamente a sus prebendas y privilegios cleptocráticos, era de esperarse que no vacilaran en desencadenar el vergonzoso sainete del 14 de enero pasado cuando la impresentable señora que presidía la legislatura pasada llegó deliberadamente con varias horas de retardo, algo que no solo retrasó el ceremonial previsto sino que provocó un ridículo protocolario de tal magnitud que algunos Jefes de Estado –como el rey de España y el presidente de Chile– se vieron obligados a retornar a sus países.
Por eso es digno de encomio que invitados especiales y algunas delegaciones extranjeras –como el presidente Gustavo Petro de Colombia– permanecieran hasta pasada la media noche, cuando la audacia política y la habilidad negociadora de los diputados de Semilla lograron desentrampar la elección de Samuel Pérez como presidente de la décima legislatura, allanando el camino para la transmisión del mando. Lo sucedido ha modificado radicalmente la correlación de fuerzas al interior del Legislativo e impedido la ilegal intentona de declarar suspendido a Semilla pasando por encima de los procedimientos establecidos por el TSE, algunos de cuyos magistrados fueron desaforados –obligándolos a salir al exilio– por diputados de la legislatura anterior que fueron literalmente comprados –con dinero salido de las arcas nacionales– algo que dio lugar a que Washington los sancionara con la pérdida de la visa. Ahora esta nueva correlación en el Legislativo es la que manda y si la CC tuviese la osadía de desafiar al Ejecutivo y al Congreso –dando la razón al pobre diablo de Orellana, cosa muy improbable– hay que tener claro que la nueva mayoría parlamentaria siempre puede responder tomando como base el precedente sentado por la legislatura anterior, la cual desobedeció olímpicamente –durante largos cuatro años– la orden de la CC de cumplir con el mandato constitucional de elección de cortes. Y a eso agreguemos que los magistrados del TSE forzados a salir del país pronto deberán retornar reasumiendo sus funciones y son ellos quienes deberán poner en su lugar a quienes corresponda.
Pero veamos ahora cuales son las posibilidades que se abren con la nueva correlación de fuerzas en el Legislativo. Obviamente, una reforma que debería promoverse lo antes posible debería ser de las normas que “blindan” a cualquier persona que ocupe el cargo de Fiscal General, no permitiendo su destitución a no ser que se le haya comprobado la comisión de un delito cuyo debido proceso incluye el recurso de casación. De modo que si el presidente Arévalo no obtiene de inmediato la renuncia de la señora Porras deberá pedir al Congreso la derogación de tal normativa, sustituyéndola por una que permita hacerlo por causa justificada, como era originalmente. Las reformas que requiere la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) también podrían ser abordadas por la actual legislatura con el fin de evitar que se siga votando por planillas de candidatos desconocidos y se haga posible hacerlo por aquellas personas que los electores consideren más adecuadas para representarlos en cada distrito electoral. En cuanto al capítulo sobre reformas a la Constitución, recordemos que el artículo 277 establece que la iniciativa para proponer reformas a la CPRG corresponde al Presidente de la República en Consejo de Ministros, a diez o más diputados, a la Corte de Constitucionalidad y al pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos agregando que “…en cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”. Como no se trataría de promover las reformas que requieren de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente prevista por los artículos 278 y 279 podrían proponerse el tipo de reformas que, para entrar en vigencia, requieren de su ratificación en consulta popular conforme a lo establecido por el artículo 280. Un ejemplo de lo que podría hacerse para evitar que la bochornosa situación que tuvimos que sufrir en la transmisión del mando del pasado domingo vuelva a repetirse sería reformar el artículo 158 de la Constitución que prescribe que las sesiones anuales ordinarias del Congreso se inician el 14 de enero culminando el 15 de mayo en su primer período así como que van del uno de agosto hasta el 30 de noviembre en el segundo. Convendría reformar dicho artículo estableciendo la excepción de que cuando se hayan realizado elecciones generales la sesión de la legislatura que finaliza debe realizarse el día anterior (13 de enero) de tal manera que la elección de la directiva de la legislatura entrante (y la calificación de credenciales) ya se hayan realizado el día que precede al de la transmisión del mando. De esta manera se evitaría correr el riesgo de que la sesión solemne para investir a las nuevas autoridades sufran retrasos que perjudican gravemente nuestra imagen internacional y causan tensiones innecesarias, incluyendo una lastimosa pérdida de tiempo. Por otra parte, habría que retornar a la realización de la primera vuelta en el mes de noviembre y la segunda en diciembre, seis meses es demasiado tiempo para los cambios de gobierno. Además se debería reducir el número de diputados a unos 80, considerando incluso la posibilidad de dotarnos de un Parlamento bicameral: una Cámara Baja integrada por 80 representantes y una alta (senado) que sustituyera a los diputados por listado nacional integrándose por 22 senadores, uno por cada departamento.
En lo relativo al Organismo Judicial se podrían proponer reformas tendientes a disminuir el número de magistrados (en Estados Unidos, por ejemplo, son nueve los integrantes de la Corte Suprema: ¿Por qué aquí son trece? ) Por otra parte, el artículo 215 establece el procedimiento para que el Congreso de la República elija de una nómina de 26 candidatos elaborada por una Comisión de Postulación integrada por rectores de universidades, decanos de facultades de derecho, abogados y magistrados de Cortes de Apelaciones. Aparte de lo complicado del procedimiento en la práctica la corrupción y politización del sector académico y del gremio de abogados ha sido uno de los graves perjuicios que este procedimiento ha traído como consecuencia no buscada y no se ha podido conseguir que sean los mejores candidatos los que lleguen a ocupar las magistraturas, todo lo contrario. De manera que habría que buscar un procedimiento más apropiado, incluyendo la posibilidad que los magistrados de la Corte Suprema sean electos en votación popular (o por lo menos su presidente para el período quinquenal completo) o bien que los candidatos sean seleccionados con base en requisitos mucho más estrictos, de modo que el Congreso se vea obligado a elegir entre los mejores jurisconsultos. En cuanto a los magistrados de la Corte de Apelaciones, estos no deberían ser electos por el Congreso sino formar parte de los ascensos normales en el marco de la carrera judicial. Otras normas que deberían ser objeto de reformas tienen que ver con el reconocimiento que el Estado debe otorgar al sistema jurídico indígena que es funcional desde tiempos de la colonia y ahorra al Estado fondos económicos considerables. Además es lo menos que debe hacerse ahora que todos reconocemos que fue gracias a la movilización social promovida por los 48 Cantones, las Autoridades Ancestrales y las comunidades de Sololá –entre otros– que todos nos salvamos del golpe que improvisaron los corruptos ante la sorpresa del triunfo de Semilla en la primera vuelta. Por otro lado, en el terreno económico la prohibición de crédito al Estado por parte del Banco de Guatemala debe suprimirse. La banca privada puede seguir lucrando con la emisión de bonos pero es inaudito que la banca central no pueda disponer de fondos de las reservas monetarias, cuya mayor parte se invierte en bonos del tesoro de Estados Unidos y que, dependiendo de las coyunturas, o no pagan intereses o estos son muy bajos. Por supuesto, las ideas aquí expuestas no pretenden dar orientaciones a una legislatura cuya conducción por la bancada de Semilla no ofrece dudas en cuanto será apropiada, inteligente y libre de corrupción. Pero si busca que la ciudadanía quede informada de las grandes posibilidades que ofrece la nueva correlación de fuerzas que se ha abierto en esta legislatura. Además, para la sociedad civil también se abre la posibilidad –como hemos visto antes– de hacer estas propuestas de reformas reuniendo las cinco mil firmas que manda la Constitución.
