La herramienta más importante que tuvo a su disposición la mafia de la corrupción en estos últimos meses fue, sin duda alguna, el sistema de justicia que no solo se encargó de garantizar impunidad para quienes se hicieron de los fondos públicos, sino también de penalizar, sin mayores pruebas en la mayoría de los casos, a quienes han expuesto los vicios del sistema, de la corrupción y la impunidad. El tema de la impunidad, valga la redundancia, era fundamental para asegurar que quien se metiera con los fondos públicos tuviera Consuelo y un Ángel guardián, especialmente cuando se pudieron haber recibido dineros envueltos en alfombras o dinero a cambio de comprometer la salud del pueblo, como pasó con las vacunas, dos casos que son apenas punta de un gigantesco iceberg.
Evitar la investigación de fondos públicos y desviarla en otros actores fue un objetivo fundamental que se trazaron desde el tiempo de Jimmy Morales y que se perfeccionó ya en el gobierno que acaba de terminar de Giammattei. El crimen organizado, en todas sus manifestaciones, necesitaba esa captura institucional que se encargó de dar carta blanca a sus operaciones bajo la certeza de que los negocios mal habidos no llegarían a los tribunales y, aún en el caso de producirse una denuncia de algún particular, se contaría con los jueces apalabrados para que procedieran de conformidad con los arreglos. Dura ley para los enemigos y vista gorda para los criminales.
Por ello es que, si hablamos de una transformación, como la que la sociedad ordenó con su voto tanto en primera como en segunda vuelta, lo primero tiene que ser entrarle de lleno al rescate del régimen de legalidad. No puede esperarse que vengan inversiones sanas y en masa al país si mantenemos el modelo de manipulación de la justicia que pone la ley al servicio de quien paga la mayor mordida; es indispensable que todo el proceso arranque con el rescate del sistema de justicia, partiendo de la entidad a cargo de la investigación penal.
No se podrá remover legalmente a las Cortes de Justicia hasta que llegue el momento de que un Congreso menos turbio elija a los magistrados, pero si disponemos de una entidad que haga serias y fundadas investigaciones, todo cambia porque ya vimos que la vigilancia local con apoyos de externos produce efectos. La prueba está en lo que pasó en el Congreso donde ni siquiera los Q.500,000 por voto sirvieron para hacer mayoría entre un pleno que, al fin, se preocupó por cumplir su deber ciudadano ante la vigilancia de los guatemaltecos.
La gente tiene derecho a no sentirse identificado con todos los actores del acuerdo, pero es indispensable entender que el cambio que el país demanda nos obliga a ser prácticos y alcanzar acuerdos sin quebrar principios fundamentales.
Sin el rescate de la justicia, evitando el manoseo legal y encargándola a gente proba, será casi imposible cumplir realmente con el preciso, claro y categórico mandato de la población.
La sociedad tiene que jugar un rol activo en esa recomposición de nuestro sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
