El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mostró preocupación este viernes 5 de enero por lo que considera un, «incremento de la criminalización en contra de personas operadores de justicia en los últimos 12 meses».
En una declaración enviada a medios de comunicación expuso que dicha criminalización es, «muy preocupante y socava la independencia del poder judicial y el estado de Derecho en el país».
Los comentarios vertidos por Türk se ofrecen dos días después de que saliera de prisión la exfiscal Virginia Laparra, quien estuvo casi dos años en prisión por un caso que operadores de derechos humanos consideraban una persecución política.
«La intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción, son reprensibles y deben cesar», expuso el funcionario internacional.
#Guatemala: Growing number of criminal cases against justice officials undermines independence of judiciary & rule of law. Virginia Laparra should be released unconditionally. Proceedings against her lacked due process & her detention was arbitrary in consequence – @volker_turk
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 5, 2024
Al mismo tiempo, dijo tomar nota de la liberación de Laparra, que se produjo hasta que fue ordenado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, y reiteró su preocupación porque el proceso penal en su contra no cumplió «con las garantías del debido proceso» por lo que su detención fue «arbitraria».
«Ella debería ser liberada incondicionalmente», acotó.
Finalmente, Türk llamó a las autoridades a adoptar medidas adecuadas, «para reforzar y garantizar la independencia del sistema judicial» y tomar «medidas urgentes para brindar protección necesaria a las personas operadoras de justicia».
Ya en junio pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había declarado que la detención de Laparra era arbitraria, según el derecho internacional, y exigió su liberación inmediata.
De igual forma, Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia; sin embargo, el Estado de Guatemala nunca se pronunció.
