La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial Silvia Patricia Valdez Quezada y fiscales del Ministerio Público han sido denunciados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de socavar la democracia y estar supuestamente vinculados en las sucias maniobras, asegurar que hubo fraude en las elecciones, violentar el estado de derecho y evitar que los electos en los comicios de junio y agosto, no tomen posesión, maniobras que violan la Ley Electoral y la Constitución y obliga por imperio legal al MP. a promover las acciones penales y despejar las dudas.
El informe de la Sección 353 es una de los métodos que utiliza la entidad estadounidense para poner al descubierto las actuaciones ilegales de funcionarios y políticos, para evitar que los futuros jefes del ejecutivo Bernardo Arévalo y Karen Herrera, diputados y alcaldes no tomen posesión. Con la abogada Valdez, fueron imputados los fiscales del Ministerio Público, Leonor Morales, Pedro Hernández González y Noé Rivera Vásquez, incluidos en la lista Engel, que se agrega a otros funcionarios, políticos y del sector privado, a quienes se les retiro la visa para ingresar al territorio norteño.
La denuncia contra la funcionaria judicial, se asegura que utilizó el cargo para nombrar a jueces corruptos, que en su función de juzgadores aceptaron acciones espurias y politiqueras para ordenar la detención de exjueces, fiscales y periodistas que en su función los consideraban enemigos ,que no acataron órdenes que no tenían ninguna sustentación y que se vieron forzados a salir del país y autoexiliarse, entre ellos Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Carlos Ruano y otros, al igual el exfiscal de la FECI. Juan Francisco Sandoval y comunicadores sociales y el encausamiento ilegal de José Rubén Zamora Marroquín, un severo crítico de los actos de corrupción del gobierno de Giammattei.
La denuncia del Departamento de Estado de los EE. UU. no es a lazar, ni es de un político o un guatemalteco son solvencia moral. Es nada menos de una entidad mundial de prestigio que pone a Guatemala, en la mira de organismos internacionales y que por imperio legal obliga al ente investigador que no se quede solo en blanco y negro y que determine qué hay de cierto de los hechos ilícitos de Valdez Quezada, de los fiscales y los afectados en esas acciones amorales e ilegales, ser terceros interesados como agraviados y que se llegue a determinar de los hechos que han causado malestar en el honrado pueblo guatemalteco no se queden en simples denuncias sino que se vaya al fondo y se deduzcan responsabilidades civiles y penales por tratar de violentar la democracia e impedir la toma de posesión de los futuros funcionarios que en procesos libres el pueblo los eligió y hasta hoy, se duda que podrá suceder el 14 y el 15 de enero, cuando legalmente los electos deben asumir los cargos.
Ahora sale a luz las razones del por qué la anterior Corte Suprema de Justicia, asociada con diputados corruptos prolongaron sus funciones más de los cinco años que dice la Constitución y se sabe que los magistrados con Valdez Quezada, ilegalmente se llevaron las computadoras que tenían asignadas, con el argumento que era una supuesta donación que obliga a la Contraloría de Cuentas, hacer una investigación y deducir las responsables; esa sucia acción que no es más que un robo descarado tiene un motivo: no revelar las órdenes que por la vía electrónica daban los magistrados a jueces para dictar resoluciones y sentencias ilegales.
El Ministerio Público, aseguró que no hay pruebas que den certeza de la denuncia del Departamento de Estado de los EE. UU. pero es un hecho que desde que se abrió el proceso electoral, ponía en duda la imparcialidad del M.P. y ahora al Organismo Judicial, con magistrados y jueces corruptos y es creíble se quiera aceptar o no la denuncia de ese prestigioso organismo internacional
